El Ayuntamiento de Madrid analiza la posibilidad de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha anulado la tasa de basuras, una decisión que desde el Gobierno municipal se atribuye a defectos formales y no al contenido de la norma. La delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha reclamado “prudencia” a la oposición y ha advertido contra la “frivolidad” en la interpretación de un fallo que, según sostiene, ya se preveía en un contexto de inseguridad jurídica.
A las puertas del Pleno municipal, Hidalgo ha explicado que los servicios jurídicos estudian si procede presentar recurso, lo que permitiría suspender los efectos de la anulación hasta que haya una resolución definitiva. El origen del fallo, ha precisado, se encuentra en un aspecto formal vinculado al informe económico, al que le faltaba un anexo durante el periodo de información pública.
Desde el Ejecutivo local consideran que se trataba de una documentación auxiliar, si bien el tribunal ha entendido que era un elemento esencial para garantizar la adecuada información a los ciudadanos. Ese anexo se incorporó posteriormente, en la aprobación definitiva de la tasa, cuando ya fue conocido por los grupos municipales.
La delegada ha enmarcado esta situación en lo que ha calificado como un “calvario judicial” derivado de una regulación estatal “insuficiente”, que ha obligado a los ayuntamientos a implantar esta tasa con escaso margen y criterios dispares. Según ha recordado, el Consistorio siempre se mostró reticente a su aplicación, que finalmente se introdujo en 2025 de forma obligada.
Hidalgo ha subrayado que no se trata de un caso aislado y ha apuntado a resoluciones similares en otros municipios españoles, lo que, a su juicio, evidencia los problemas de base en el diseño normativo de este tributo.
La responsable municipal ha cargado contra los grupos de la izquierda que reclaman la devolución inmediata de lo recaudado, pidiéndoles responsabilidad y respeto a los tiempos judiciales. En particular, ha respondido a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, recordando que otras ordenanzas impulsadas por su formación también fueron anuladas por defectos en los procedimientos de información pública.
En paralelo, ha reprochado a estos partidos que apoyaran en el Congreso la implantación de esta tasa y ahora cuestionen sus efectos en el ámbito municipal.
La sentencia afecta a la tasa correspondiente a 2025, mientras que para 2026 el Ayuntamiento ha introducido modificaciones relevantes. Entre ellas, la incorporación de datos catastrales para ajustar el cálculo al número de residentes por vivienda, así como la inclusión de los anexos cuya ausencia ha motivado la anulación.
El Gobierno municipal ha insistido en que garantizará en todo momento el cumplimiento de la legalidad y la seguridad jurídica, con el objetivo de ofrecer certidumbre a los contribuyentes madrileños.