La Justicia paraliza las obras del cantón de Montecarmelo

El juzgado suspende cautelarmente la construcción de la instalación en la Avenida de Montecarmelo hasta que haya sentencia firme.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid ha ordenado la paralización inmediata de las obras del cantón de limpieza previsto en Montecarmelo tras apreciar posibles defectos de nulidad en su tramitación administrativa. La medida cautelar se mantiene en vigor porque continuar los trabajos podría ocasionar perjuicios "de difícil reparación".

La decisión responde a la demanda de medidas cautelares presentada por la Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo, que ha impugnado el decreto municipal del 3 de junio de 2025 mediante el cual se aprobó el proyecto técnico para construir esta instalación en la Avenida de Montecarmelo.

El auto judicial ordena "la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato" y establece que permanecerá vigente hasta que exista sentencia firme o hasta la conclusión del procedimiento judicial, según consta en la resolución.

El magistrado ha identificado "aspectos relativos a la tramitación del procedimiento administrativo" que podrían fundamentar la nulidad del decreto impugnado. El juez ha vinculado estos defectos con resoluciones municipales anteriores anuladas por los tribunales en relación con la modificación del contrato de limpieza de Madrid.

La resolución reconoce además elementos suficientes de "apariencia de buen derecho" para justificar la adopción de la medida cautelar, sin que ello prejuzgue la sentencia final. En este sentido, el magistrado subraya la presencia de "datos objetivos muy relevantes" que revelan una "abierta ilegalidad" del acto recurrido.

El auto hace referencia expresa a la "actitud errática de la administración municipal" y recuerda que autoridades municipales anunciaron modificaciones "de singular calado" en el proyecto que, conforme a lo expuesto en la resolución, "sin embargo no se están llevando a cabo".

El juzgador advierte que ejecutar las obras antes de resolver el procedimiento podría generar "consecuencias indeseables" para los vecinos y para las finanzas públicas, en el supuesto de que una sentencia estimatoria obligase a deshacer las actuaciones ya realizadas.

Los recurrentes fundamentan su oposición en motivos medioambientales y en la protección de derechos e intereses de menores, dada la proximidad de la infraestructura a zonas residenciales y centros educativos.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Ayuntamiento ha manifestado que acatará la resolución judicial, según han indicado fuentes municipales.