El Ayuntamiento de Madrid dirigido por el popular José Luis Martínez-Almeida ha recuperado la obligatoriedad de pedir tres ofertas para adjudicar un contrato menor de más de 3.000 euros, un requisito que eliminó la exregidora Manuela Carmena.
El Consistorio madrileño retoma ahora su anterior funcionamiento con la aprobación de un decreto de la delegada de Hacienda y Función Pública, Engracia Hidalgo, que entró en vigor el pasado 7 de febrero.
En este decreto y su instrucción anexa se señala que en los contratos menores cuyo valor estimado supere los 3.000 euros "de acuerdo con el principio de competencia, y como medida anti fraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas".
Además, la instrucción indica que en el caso de que las "empresas a las que se les hubiera solicitado oferta declinasen la misma o no respondiesen al requerimiento, no será necesario solicitar más ofertas".
Las nuevas reglas dictadas por la concejal del PP limitan así la concesión directa de los contratos menores -de un máximo de 40.000 euros en el caso de obras y de 15.000 en el caso de servicios- a los que se otorguen por un valor menor a los 3.000 euros.
En el resto de casos si no es posible solicitar tres ofertas "deberá incorporarse en el expediente justificación motivada de tal extremo, con carácter previo a la tramitación de la adjudicación directa".
Además, cuando se dé adjudicación directa la empresa o empresas deberán presentar "documento de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes en la que ponga de manifiesto que el firmante ostenta la representación de la entidad, que la entidad tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación".
Cada mes la información de los contratos menores se publicará en el Portal de Transparencia señalando "objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos".
Tanto el PP como el PSOE criticaron en el pasado mandato que el equipo de Carmena eliminase este requisito en 2018, que a juicio de los 'populares' "molestaba" a Ahora Madrid y que los socialistas defendieron como un mecanismo más de transparencia.