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Estos programas incluyen tratamiento ambulatorio, tareas socioeducativas y actividades de reparación extrajudicial, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Este servicio público, ofrecido por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi), dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, está dividido en cinco lotes. Las empresas adjudicatarias continuarán su labor hasta 2026, dado que el actual contrato finaliza en diciembre de este año.
La Arrmi, además de cumplir con la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se centra en ofrecer a este colectivo vulnerable una segunda oportunidad. Según el Ejecutivo autonómico, los resultados demuestran que nueve de cada diez jóvenes que pasan por sus instalaciones no reinciden.
El año pasado, los centros de la agencia recibieron 2.049 nuevos casos de menores infractores, lo que representa una disminución del 7,5% respecto a 2022. Además, gracias a los programas prelaborales y formativos de la agencia, 446 adolescentes lograron encontrar empleo.
Con esta inversión de 4,5 millones de euros, la Comunidad de Madrid busca reforzar las medidas judiciales en medio abierto y seguir apoyando la reeducación y reinserción de los menores infractores, asegurando que estos jóvenes tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan reconstruir su vida y alejarse de la delincuencia.