La consejera Mercedes Zarzalejo anuncia que el texto se tramitará "de forma urgente" y eliminará trámites que "retrasan y dificultan" las medidas disciplinarias.

Mercedes Zarzalejo anuncia la tramitación urgente de la norma que refuerza la autoridad docente

La Comunidad de Madrid ampliará el margen de actuación de los docentes y de los equipos directivos para que puedan responder "de manera inmediata" a faltas de respeto, insultos o conflictos de convivencia en clase.
Para ello, se eliminarán los trámites burocráticos que "retrasan y dificultan" la aplicación de medidas disciplinarias ante "comportamientos incorrectos de los estudiantes".
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, adelantó los detalles de la iniciativa en un encuentro con los medios. La medida tomará forma en un nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor.
La norma se tramitará "de forma urgente", con el objetivo de que entre en vigor a partir del curso 2027/28, dejando tiempo suficiente para que colegios e institutos adapten sus reglamentos internos y para que docentes y equipos directivos reciban orientación y formación sobre su aplicación.
El texto pretende ir más allá de lo establecido en la Ley 2/2010, de 15 de junio, para reforzar "su autoridad, mejorar la convivencia y garantizar el derecho a la educación, actualizando los procedimientos para que este colectivo tenga mayor capacidad real para actuar en el día a día".
Una de las principales novedades del decreto es la tipificación de faltas leves, graves y muy graves, tanto en horario lectivo como en el transporte escolar, en actividades extraescolares y servicios complementarios, en las redes sociales y en conductas producidas fuera del recinto. Cada centro podrá incorporar las faltas leves que considere necesarias en el ejercicio de su autonomía. El decreto fijará asimismo las medidas correctoras aplicables en cada caso.
Zarzalejo señaló que actualmente las faltas leves no están tipificadas y dependen de lo que "regulen las normas de convivencia de cada centro". "Ahora lo que vamos a hacer es tipificar un catálogo mínimo que luego los propios centros pueden ampliar en función de la realidad social que tengan en sus propios centros", afirmó.
La consejera subrayó que este catálogo garantizará que todos los centros apliquen "las mismas infracciones" y que las familias tengan "la seguridad de que se recibe la misma medida correctora por esas normas".
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
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