La Comunidad perfila su ley universitaria y reduce las sanciones más altas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa perfilando los detalles de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), y ha confirmado que rebajará significativamente las multas contempladas en el apartado sancionador. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha explicado que el importe máximo previsto para las infracciones muy graves se limitará finalmente a 300.000 euros, frente al millón de euros planteado en borradores anteriores.

En su intervención ante los medios, Viciana ha asegurado que se trata de una norma en construcción, orientada al consenso y simplificación, y ha recordado que aún se están recogiendo aportaciones de rectores y representantes de la comunidad universitaria. El texto, una vez finalizado, será sometido al trámite de audiencia e información pública antes de llegar al Consejo de Gobierno. Su aprobación en la Asamblea de Madrid está prevista para la primavera de 2026.

Entre las conductas sancionables contempladas en la LESUC figuraban en un inicio actos como escraches, ocupaciones de espacios o impedimentos al libre uso de instalaciones universitarias, con multas que llegaban hasta los 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas dentro del campus. El nuevo borrador elimina sanciones vinculadas a actos simbólicos como la exhibición de pancartas, siempre que no afecten al normal funcionamiento del entorno universitario.

La futura ley contempla también un nuevo modelo de financiación basado en objetivos. La Comunidad de Madrid destinará 10 millones de euros adicionales a este capítulo, que se sumarán a la financiación básica y a la específica para cubrir necesidades concretas. Las universidades públicas podrán acceder a estos fondos si acreditan logros académicos o de investigación, en especial si se orientan a atraer talento docente internacional, promover programas estratégicos o reforzar la formación en humanidades.

Cada centro podrá negociar con la Administración regional los objetivos que mejor se adapten a su perfil institucional, aunque se establecerán también metas comunes de carácter anual, aprobadas por el Consejo de Gobierno. El nuevo modelo pretende premiar el esfuerzo, impulsar la competitividad y fortalecer la cooperación entre universidades y tejido productivo regional.

En el plano organizativo, la LESUC establece que los gerentes serán designados por el rector de cada universidad en consenso con el Consejo Social, eliminando el sistema de elección por concurrencia. La actual figura del interventor será sustituida por una Oficina Económico-Presupuestaria compuesta por dos responsables: uno elegido por el rector y otro por el Consejo Social, con el objetivo de reforzar la transparencia y la responsabilidad financiera.

Por otro lado, el proyecto incluye una regulación más precisa del Distrito Único de Prácticas, destinado a garantizar que ningún estudiante se quede sin realizar las prácticas obligatorias para su titulación. Este sistema complementará el reparto inicial de plazas, permitiendo asignar aquellas vacantes que no hayan sido ocupadas tras el primer proceso.