El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias tras admitir a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el PSOE-M contra la autorización del centro universitario impulsado por el Colegio de Abogados de Madrid y adscrito a la Universidad Complutense. La decisión judicial se dirige contra una resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y obliga a la Administración autonómica a remitir el expediente administrativo en un plazo improrrogable de veinte días.
El recurso ha sido interpuesto por dos diputados autonómicos socialistas que, a su vez, son miembros del ICAM. Los recurrentes ya habían presentado con anterioridad un recurso de reposición ante la Consejería, al considerar que la creación del centro vulnera el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales. A su juicio, el Colegio se habría habilitado de forma indebida para impartir titulaciones oficiales en sus nuevos estatutos, aprobados el pasado mes de julio, cuando la normativa limita este tipo de entidades a la formación de posgrado y no a grados universitarios.
ICAM Universidad fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y su creación se hizo efectiva el 14 de noviembre con la publicación oficial de la autorización. Se trata del primer centro universitario en España promovido por un colegio profesional, una circunstancia que ha generado un notable debate en el ámbito académico y político.
Desde el PSOE-M también se ha puesto el foco en la coincidencia temporal entre la aprobación definitiva del centro y la actuación del ICAM como acusación particular en la causa por revelación de secretos contra el ya ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en un procedimiento relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas han insinuado que esta simultaneidad resulta, como mínimo, llamativa.
A la impugnación socialista se ha sumado el anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid, que en diciembre avanzó su intención de recurrir la creación del nuevo centro universitario. Desde esta institución se advirtió de que la iniciativa supone un error y abre un precedente discutible dentro del sistema universitario público madrileño.
El ICAM, por su parte, ha defendido la legalidad y la trayectoria del proyecto. En un comunicado difundido en diciembre, el Colegio de Abogados subrayó que la iniciativa es muy anterior a las causas judiciales mencionadas por el PSOE y situó su origen en el año 2022. Además, recalcó que la autorización administrativa ha sido el resultado de una tramitación prolongada, desarrollada entre 2023 y 2025, con informes favorables de distintos órganos académicos, técnicos y de calidad, y conforme al procedimiento legalmente establecido.
El Colegio también rechazó de forma tajante cualquier insinuación de trato de favor o de contraprestaciones encubiertas relacionadas con la autorización del centro universitario, insistiendo en que el proyecto aún debe superar nuevas evaluaciones externas y la autorización definitiva de inicio de actividad.
Preguntado por la admisión a trámite del recurso, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, aseguró que la Comunidad de Madrid colaborará siempre con la Justicia en cualquier actuación que se desarrolle, defendiendo la transparencia del procedimiento seguido para la creación del nuevo centro universitario.