Arranca la huelga indefinida de la educación pública en Madrid

Arranca la huelga indefinida de la educación pública en Madrid

Los convocantes reclaman menos alumnos por aula, más profesionales de apoyo y un aumento de 600 euros mensuales en el complemento autonómico docente.

Boletín horario Edición de las 10:00 Miércoles 14 de octubre

La educación pública madrileña ha comenzado este miércoles una huelga indefinida con un encierro nocturno en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y un corte de tráfico de corta duración en el Paseo de la Castellana en plena hora punta.

Durante el encierro, los participantes colgaron en el vestíbulo de la facultad una pancarta con el lema "No vamos a dejar de luchar" y la imagen de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada hace un mes de su vivienda en Retiro que murió hace una semana y cuyo caso desencadenó las protestas por la vivienda y la acampada de la Puerta del Sol.

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En la Castellana, un grupo de manifestantes vestidos de amarillo, el color de esta movilización, se sentó bajo el puente de Eduardo Dato, entre Rubén Darío y la calle Serrano.

Los organizadores habían convocado piquetes y pasacampus desde las 8:00 horas y hasta el mediodía. A las 12:00 horas estaba prevista la cita central de la jornada: una concentración de todas las etapas educativas en la Puerta del Sol.

La huelga indefinida pretende conseguir "más recursos y mejores condiciones laborales". El comité de huelga lo integran los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a las plataformas docentes Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Según su comunicado, la convocatoria tiene además el respaldo de "un gran número de organizaciones del ámbito educativo que representan a familias y alumnado".

Menos horas lectivas y menos alumnos por aula

Una de las principales demandas es volver a un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Los convocantes piden también rebajar las ratios a 13 alumnos por aula en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en FP, y ajustarlas en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo.

En atención a la diversidad, reclaman como mínimo un orientador por cada 250 alumnos, un profesional de Servicios a la Comunidad por centro, un docente de Pedagogía Terapéutica por cada 8 alumnos y otro de Audición y Lenguaje por cada 12. Solicitan asimismo un maestro de compensatoria en cada centro, "aunque no se alcancen las ratios mínimas".

Para Educación Especial, proponen asegurar un profesional por cada 6 alumnos con discapacidad intelectual y otro por cada grupo de entre 1 y 4 alumnos con pluridiscapacidad, trastorno del espectro autista o trastornos graves de conducta.

El comité exige además un plan de medidas que garantice la equidad y una atención adecuada a los alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o pertenecientes a otros colectivos vulnerables.

Por ello, pide recuperar las aulas de enlace y la "eliminación del modelo actual de bilingüismo para frenar la segregación educativa", con la meta de impulsar "una educación pública inclusiva y de calidad para todo el alumnado".

Una subida de 600 euros al mes

En el apartado salarial, los convocantes reclaman un aumento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, así como la equiparación retributiva del profesorado de FP y de Servicios a la Comunidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Piden igualmente un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial y al menos un auxiliar administrativo a jornada completa en cada centro para "liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente".

En materia de infraestructuras y salud laboral, demandan un plan integral de climatización sostenible, la retirada del amianto, el "fin de la construcción por fases de los centros públicos" y mejoras en la prevención de riesgos laborales.

Preguntas para el debate:

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