Casi todos los concertados madrileños solicitan una cuota pese a la gratuidad legal

Los colegios concertados de titularidad mercantil de la Comunidad de Madrid cobran de media 1.450 euros anuales por alumno, más del doble que los de entidades sin ánimo de lucro, que piden unos 680 euros. Son datos del XI Estudio de Cuotas de los Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid, presentado este miércoles por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que documenta un sistema de cobros generalizados en centros financiados con dinero público y obligados por ley a ofrecer enseñanza gratuita.

Cicae advierte que las diferencias entre titularidades apuntan "a la mercantilización de un nuevo modelo de concertada". En un análisis propio, al margen del informe, la asociación cifra en el 44% la titularidad mercantil en Madrid.

Elaborado por Garlic B2B por encargo de Cicae para el curso 2026-2027, el estudio analizó 151 colegios entre marzo y abril de este año mediante la técnica del cliente simulado o mystery shopper: familias interesadas en una plaza del segundo ciclo de Educación Infantil contactaron con los centros por teléfono, en visitas presenciales y por videollamada.

Según un comunicado de las dos entidades, la investigación documenta "cobros ilegales y prácticas contrarias a las garantías de gratuidad", como conceptos de cobro que la ley no contempla, aportaciones presentadas como obligatorias y actividades complementarias estables dentro del horario escolar.

Siete de cada diez presentan la cuota como obligatoria

De los 146 colegios que piden cuota, el 86,3% no la plantea como un pago sin consecuencias para el alumno. El 71,2% la presenta directamente como obligatoria y otro 15,1% admite que se puede no pagar, pero anticipa la exclusión de actividades o contenidos; el estudio precisa que se trata de advertencias trasladadas a las familias y no de exclusiones constatadas. Solo el 13,7% restante reconoce la voluntariedad sin consecuencias excluyentes.

Apenas cinco centros, el 3,3% de la muestra, no piden cuota ni aportación educativa y defienden expresamente la gratuidad. "La educación es gratis, no se puede cobrar por ello, somos un colegio, no un negocio", explican.

Entre quienes sí la solicitan, los importes alcanzan los 2.450 euros anuales, con una media de 1.032 euros, sin incluir comedor, transporte ni otros servicios.

"Bajo un mismo sistema de financiación pública, hay colegios que no solicitan cuota ni aportación educativa y otros que piden hasta 2.450 euros al año, además de otros pagos", ha señalado la directora general de Cicae, Elena Cid, para quien estas diferencias exigen "una explicación" y llevan a cuestionar "si los importes más elevados responden a necesidades educativas o a la búsqueda de rentabilidad".

Pagos por conceptos que la ley no recoge

En el 36,3% de los casos analizados se piden pagos por conceptos no contemplados en la ley, como "cuota" o "proyecto educativo". El informe recoge también aportaciones obligatorias y cobros por contenidos que los centros presentan como imprescindibles para completar la formación, con la exclusión del alumno como consecuencia si no se abonan.

El estudio documenta además actividades complementarias estables dentro del horario escolar, entre periodos lectivos, pese a estar prohibidas. El 15% de los centros pide pagos por ellas y, de estos, el 59,1% facilita nombre y horario, sobre todo en la franja de las 12:00 o 12:30 horas a las 13:00 o 13:30 horas.

Según Cid, muchas familias "no pueden recoger a sus hijos entre periodos lectivos y no tienen una posibilidad real de elegir que no participen". La presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas, ha advertido por su parte que la organización de la jornada "no puede convertirse en una forma de presión para pagar".

Falta de información y confusión

Las familias se encuentran con "conceptos con distintas denominaciones, pagos mensuales y anuales y escasas explicaciones sobre contenidos, horarios, obligatoriedad y consecuencias del impago". Según las entidades, la confusión "aumenta" cuando los documentos hablan de pagos voluntarios pero lo que se dice de palabra los presenta como obligatorios. "Esto dificulta prever un gasto que puede comprometer la economía familiar durante muchos años", sostienen Cicae y la FAPA.

El 39% de los centros no publica completos en su web los precios de actividades y servicios, y en el 39% de los que piden cuota o aportación "la voluntariedad no se menciona durante la entrevista ni aparece en la documentación".

"Las familias deben conocer las condiciones económicas antes de elegir colegio, con información completa, accesible y clara", ha remarcado Morillas.

Las entidades reclaman a la Consejería de Educación que cumpla su obligación de "garantizar la gratuidad, supervisar tanto los cobros como la información facilitada a las familias y actuar para que cesen los cobros ilegales y las prácticas contrarias a la voluntariedad y la no discriminación". Cicae pide además "adaptar la normativa y los mecanismos de control a estas prácticas de financiación privada".

Cuatro perfiles de centros

El trabajo se basó en un muestreo probabilístico estratificado por tipología societaria e incluye la documentación y las explicaciones verbales que los centros ofrecen durante la solicitud de plaza, así como sus respuestas cuando las familias preguntan qué ocurriría si no pagan.

El Grupo 1 reúne el 28% de la muestra y presenta los importes "más elevados", con una media de 1.748,40 euros anuales. El 90,7% de sus centros es de titularidad mercantil y el 79,1% se constituyó después de 2000. Se concentra en zonas de renta elevada y es donde más se acumulan "las advertencias de exclusión": el 44,2% las anuncia durante la entrevista.

El Grupo 2, con el 38% de la muestra, combina entidades mercantiles y sin ánimo de lucro. Pide una media de 865,40 euros anuales, registra la mayor presión para el cobro —8,65 sobre 11— y la menor transparencia, con 23,51 sobre 100.

En el Grupo 3, que concentra el 19%, predominan las entidades sin ánimo de lucro de larga trayectoria. Su media es de 746,50 euros anuales y la voluntariedad suele figurar por escrito, aunque se explica poco durante la conversación con las familias.

El Grupo 4, con el 15% restante, tiene los importes más bajos: 432,80 euros anuales de media, mayor transparencia y menor presión. Predominan las entidades sin ánimo de lucro en entornos de menor renta e incluye los cinco centros que no piden cuota ni aportación.