Mitma y la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo para destinar casi 17 millones de euros para la compra de cien viviendas para alquiler social, financiadas por el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda (PEV) 2022-2025.
El acuerdo firmado a finales de 2022 permitirá el desarrollo de un parque público de viviendas de alquiler social o a precios asequibles en Madrid. El presupuesto total para esta iniciativa, incluyendo la contribución de 11,3 millones de euros de la administración autonómica, asciende a 28,3 millones de euros, según el comunicado emitido por el departamento de Raquel Sánchez.
El Ministerio ha firmado un acuerdo con Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, con el que destinará 45,5 millones de euros del Plan 2022-2025 para la compra de 568 viviendas para alquiler social, así como para la rehabilitación de 283 de ellas.
La cantidad total de fondos, incluyendo los aportes de los gobiernos regionales y locales, así como otros entes gubernamentales y los patrocinadores, asciende a 76,3 millones de euros.
El Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 ofrece cofinanciación para aumentar el número de viviendas públicas disponibles para alquiler a precios asequibles o sociales. Esto se logra mediante la concesión de ayudas a las comunidades autónomas y sus entidades relacionadas o dependientes, que cubren hasta el 60% del costo de adquisición de las viviendas.
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 sigue el programa implementado entre 2018 y 2021 y es parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) que el Gobierno ha puesto en marcha para ofrecer a los ciudadanos viviendas asequibles a través de varias iniciativas.
El Plan Estatal de Vivienda ofrece programas para ayudar a las personas a obtener un hogar adecuado. Estos programas incluyen ayuda financiera para la compra de una vivienda, así como asistencia para mejorar la calidad de vida de los residentes. El Plan Estatal de Vivienda ofrece programas para apoyar a las personas en su búsqueda de un hogar adecuado. Estos programas ofrecen ayuda financiera para la adquisición de una vivienda, así como asistencia para mejorar la calidad de vida de los residentes.
El Plan Estatal de Vivienda ofrece varios programas que conectan la entrega de asistencia para el alquiler; financiar proyectos para eliminar la infravivienda y el chabolismo, así como para mejorar la accesibilidad de las viviendas y fomentar la regeneración y renovación de áreas urbanas y rurales deterioradas.
Entre ellos, los programas de ayuda para el alquiler de vivienda, incluyendo medidas especiales para aquellos especialmente vulnerables, personas en situación de vulnerabilidad inesperada o jóvenes; aumentar el parque público de viviendas; promover viviendas para personas mayores o con discapacidad; o impulsar alojamientos temporales, modelos cohousing de viviendas intergeneracionales.
Las entidades públicas ofrecen programas para alquilar viviendas como vivienda social; las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen la posibilidad de poner a disposición viviendas libres para alquilar como vivienda asequible o social; se mejora la accesibilidad a las viviendas; se ayuda a erradicar zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda; y se ofrece ayuda para el pago del seguro de alquiler.
Para poner en marcha los programas de asistencia para la vivienda durante el periodo de vigencia del Plan 2022-2025, Mitma ha firmado acuerdos con todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, debido a su régimen foral. Estos 17 acuerdos cuentan con una contribución del Ministerio de más de 1.420 millones de euros.
Las administraciones autonómicas, que tienen la autoridad para tratar temas relacionados con la vivienda, son las encargadas de publicar los anuncios de las subvenciones establecidas en el ámbito de este Plan Estatal.
Las subvenciones pueden ser otorgadas a diferentes tipos de destinatarios, como administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derechos público y privado, empresas, fundaciones, así como también a personas físicas como propietarios, arrendatarios, aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o hayan sido desalojados, personas sin hogar y otras.