La Plataforma de asociaciones empresariales del ocio y el turismo de la Comunidad de Madrid ha criticado que la proposición de ley presentada por el PP para modificar la Ley de Espectáculos Públicos de 1997 "renuncia a legislar y regular los macroeventos".
Las críticas de las empresas de ocio se producen el mismo día en que la Asamblea de Madrid debate en un pleno extraordinario la toma en consideración de la modificación de la Ley de Espectáculos, que supondrá el inicio de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa legislativa del PP para endurecer las sanciones a los empresarios que incumplan cuestiones como los aforos.
En un comunicado, la plataforma expone que la propuesta del PP se limita a "incrementar y recrudecer" el régimen sancionador a 35.000 bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio madrileños, mientas "deja en suspenso" la fijación de "mecanismos de control, condiciones y requisitos" de las concentraciones multitudinarias.
Estos mecanismos, según las asociaciones, son lo que se debe fijar para evitar que vuelvan a repetirse sucesos como los del Madrid Arena, añade la plataforma.
"Incrementar las sanciones exclusivamente no es una medida de calado que pueda evitar que vuelva a suceder una tragedia como la del Madrid Arena. No es suficiente si no se asumen las responsabilidades provocadas por el vacío legal existente, y que ha permitido que este tipo de macroeventos sean desarrollados con total impunidad y sin un marco legal", prosigue.
En este sentido, la plataforma pide un normativa "específica" para macroeventos que regule las condiciones de contratación administrativa de los espacios públicos y privados en los que se desarrollan; los requisitos y condiciones de seguridad de contenedores culturales, estadios y recintos multiusos, y la necesidad de que cuenten con permisos y licencias administrativas.
También reclama que se definan mecanismos de coordinación y supervisión policial y de los servicios de seguridad públicos y privados, así como un régimen sancionador específico y proporcional a las dimensiones económicas de estos macroeventos.
Según la plataforma, en lugar de regular estos macroeventos, la propuesta de modificación legal "criminaliza" al sector de las pymes de ocio y renuncia a asumir responsabilidades al mantener el "vacío legal" sobre la regulación y control de los macroeventos.