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Los médicos rechazan el Estatuto pactado por Sanidad y mantienen la huelga desde febrero
El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar el anteproyecto de ley del nuevo Estatuto Marco, un texto que inicia ahora su tramitación en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso de los Diputados. El pacto, firmado por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, ha vuelto a dejar fuera a los médicos y facultativos, que mantienen su rechazo frontal y la huelga convocada a partir del 16 de febrero.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado el acuerdo como el “más amplio” alcanzado nunca en el Sistema Nacional de Salud, subrayando que el texto llevaba 22 años sin renovarse y que ha sido fruto de más de 60 reuniones en los últimos tres años. Sin embargo, el anuncio ha evidenciado la ruptura definitiva con los sindicatos médicos, ausentes del pacto y críticos con un Estatuto que consideran lesivo para su profesión.
Pese al discurso oficial, el contenido del acuerdo ha sido duramente cuestionado por el colectivo médico, que denuncia que el nuevo Estatuto consolida un modelo laboral que perpetúa desigualdades. Entre los aspectos más controvertidos se encuentra el mantenimiento de las guardias obligatorias, limitadas ahora a un máximo de 17 horas seguidas, pero con una jornada semanal que puede alcanzar las 45 horas y con retribuciones inferiores a la hora ordinaria, una situación que los médicos consideran inasumible y discriminatoria.
El Estatuto también deja en el aire el reconocimiento salarial ligado a la nueva clasificación profesional, aplazándolo a un proceso negociador posterior condicionado al compromiso de otros ministerios, especialmente Hacienda. Para los sindicatos médicos, esta indefinición confirma que el acuerdo se ha cerrado sin garantías reales de mejora para quienes asumen la mayor carga asistencial y de responsabilidad clínica del sistema.
Desde el Ministerio y los sindicatos firmantes se ha puesto el acento en avances como la jornada laboral de 35 horas semanales, el acceso voluntario a la jubilación parcial, mejoras en conciliación y salud laboral, o procesos de selección más frecuentes para el personal estatutario fijo. No obstante, los médicos advierten de que muchas de estas medidas ya existían de forma parcial o quedan supeditadas a desarrollos posteriores que podrían diluirse durante la tramitación parlamentaria.
El propio reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación queda condicionado a una negociación paralela que debería cerrarse antes del final del trámite legislativo, una fórmula que los facultativos interpretan como una maniobra para ganar tiempo sin resolver los problemas de fondo.
El acuerdo no cuenta con el respaldo de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga nacional indefinida con paros una semana al mes desde el 16 de febrero para exigir un Estatuto Marco propio. Lejos de rebajar la tensión, la ministra ha descartado mantener nuevas reuniones con estos representantes, pese a reconocer las movilizaciones, y ha defendido que sus reivindicaciones están recogidas en un capítulo específico del texto.
Desde el colectivo médico consideran insuficiente esta respuesta y denuncian que un capítulo diferenciado no sustituye a un marco normativo propio que reconozca la singularidad de su formación, responsabilidad y condiciones de trabajo. También rechazan que se les derive a negociar con comunidades autónomas, al entender que el problema es estructural y de ámbito estatal.
El anteproyecto iniciará ahora su recorrido institucional con el paso por el Consejo de Ministros y la solicitud de informes a otros departamentos, antes de llegar al Congreso. Mientras el Gobierno confía en aprobarlo antes de que finalice la legislatura, los médicos advierten de que el texto nace sin consenso real y con una oposición firme de uno de los pilares del sistema sanitario.
La continuidad de la huelga médica y el rechazo explícito al acuerdo auguran un conflicto prolongado en la sanidad pública, con un Estatuto Marco que, lejos de cerrar heridas, amenaza con profundizar la fractura entre el Ministerio y los profesionales que sostienen la asistencia sanitaria diaria.
