
El Gobierno aprueba proyecto de ley que reduce jornada a 45 horas y limita guardias a 17 horas. Sindicatos médicos mantienen rechazo y amenazan con huelga indefinida.
El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora pasa al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, pese al rechazo de los sindicatos médicos, que ya han anunciado que retomarán sus movilizaciones tras el verano.
"Este Estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial", afirmó en rueda de prensa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien subrayó que "los grupos políticos tendrán oportunidad de posicionarse" en la Cámara Baja.
La nueva norma pretende sustituir al Estatuto vigente desde 2003. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sostenido que ese marco regulatorio genera malestar entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) por las condiciones laborales que impone.
El texto aprobado parte del Anteproyecto que el Consejo de Ministros respaldó el pasado junio, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación: Sindicato de Enfermería (SATSE-FSES), Comisiones Obreras (FSS-CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Al margen de ese acuerdo quedaron los sindicatos de médicos y facultativos agrupados en el Comité de Huelga, que exigen una norma propia para estos profesionales que reconozca sus "particularidades". Tras una semana de huelga mensual entre febrero y junio sin obtener avances, amenazaron con reanudar los paros en septiembre y escalar la presión con una huelga indefinida.
Las comunidades autónomas también se han opuesto al Anteproyecto. Varios consejeros han pedido que se retire y se redacte de nuevo mediante un "acuerdo estatal". García ha rechazado esa vía y ha señalado que corresponde ahora a las autonomías aplicar las mejoras contempladas en la norma.
Entre las principales novedades, el texto fija la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, limita la jornada de guardia a 17 horas y permite a las comunidades autónomas reducirla hasta las 12 horas. Quedarán exentos de guardias las profesionales embarazadas o en periodo de lactancia natural, quienes tengan reducción de jornada por cuidado de hijos, quienes presenten determinados problemas de salud y, en ciertos supuestos, los mayores de 55 años.
La norma también reconoce el derecho a la conciliación laboral y personal, incorpora medidas frente a las agresiones, regula las plazas y puestos de difícil cobertura, promueve la profesionalización de los cargos directivos y regula por primera vez la figura del personal estatutario investigador.
Tras esta aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto de ley llega a las Cortes Generales, donde el Gobierno deberá reunir los apoyos necesarios para su aprobación definitiva y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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