
El PP solicita que se impute como investigado al PSOE por supuestamente financiar la presunta trama de Leire Díez que habría obstaculizado procedimientos judiciales.
La acusación popular unificada que lidera el PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el "caso Leire Díez", que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
La acusación interesa atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".
El juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, a Cerdán y a abogados por presuntamente obstaculizar casos judicales que afecten al PSOE y al Gobierno. La presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo de influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judicales que afectaban al Gobierno y al partido".
La acusación recoge que, supuestamente, "intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Carmen Pano", la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; presuntamente "trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".
La acusación ve evidencias de que "abonó aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a las subvenciones electorales públicas percibidas por el propio partido".
Según el PP, "consta indiciariamente acreditado que Santos Cerdán puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba, manteniendo numerosas reuniones en la sede de Ferraz con el resto de sus miembros, sufragando sus gastos logísticos e incluso abonando un sueldo a Leire Díez a través de sociedades interpuestas, como contraprestación por los valiosos y delictivos servicios prestados".
Para ello, apunta que el entonces secretario de Organización socialista "contó con la colaboración de la también investigada Ana María Fuentes, gerente federal y responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido al tiempo de los hechos".
Según la acusación, Fuentes "se encargó de falsificar supuestas hojas de encargo con terceros con el propósito de encubrir los pagos que la formación política efectuaba a Leire Díez por los servicios prestados".
"Por lo tanto, no es solo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro del partido; nada menos, que el secretario de Organización, con la presunta colaboración de la gerente federal de la formación política", indica la acusación.
El PP expone que "no puede alcanzarse un entendimiento completo de los hechos investigados sin examinar las responsabilidades de la formación política desde la que se impulsaba y financiaba la actuación de la organización criminal".
La acusación concluye que los hechos investigados ponen de manifiesto, "con carácter indiciario, que el PSOE no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos en su seno en materia de aprobación y abono de gastos, de utilización de sus instalaciones por terceros y de contratación con proveedores de servicios".
A su juicio, Cerdán y Fuentes "son indiciariamente responsables de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas" porque concurren "todos los requisitos" para que se dé esta vía de imputación.
Para la acusación, "los dirigentes del PSOE investigados cometieron los delitos que indiciariamente se les atribuyen en el ejercicio de sus funciones como secretario de Organización y gerente federal del partido, actuando en su condición de tales".
El PP solicita al magistrado Pedraz que impute al partido, que requiera al PSOE "la designación de su representante" y que acuerde su declaración como investigado a través de él.
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