Nueva prórroga en el procedimiento judicial del caso Leire Díez

El magistrado prorroga la instrucción a la espera de un informe pericial que determinará si la causa se traslada a la Audiencia Nacional.

El juez Arturo Zamarriego ha prorrogado seis meses la instrucción de la primera causa del 'caso Leire Díez', que está relacionada con las maniobras que la exmilitante socialista habría llevado a cabo contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces, a la espera de decidir si remite esta parte de las pesquisas a la Audiencia Nacional.

En un auto, el magistrado de Plaza de Castilla (Madrid) declara prorrogada la instrucción de la causa por seis meses desde el próximo 24 de julio. Zamarriego detalla que decidirá si deriva la causa a la Audiencia Nacional cuando reciba un informe pericial de la Brigada Provincial de Policía Científica, que ve "necesario para el esclarecimiento de los hechos". "A la vista de su resultado se resolverá sobre el requerimiento de inhibición", resume.

El magistrado se refiere a la petición de inhibición que promovió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judicales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.

Dos ramificaciones principales

En la Audiencia Nacional, Pedraz investiga dos ramas principales integradas en el caso: la presunta trama para menoscabar causas judicales y una serie de presuntos amaños en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la primera ramificación, el juez imputó a Díez, Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

En el marco de las pesquisas sobre la presunta trama para desestabilizar causas judiciales, Pedraz imputó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, que declaraban este jueves.

Esta misma semana, el magistrado ha declarado investigado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, después de que la Guardia Civil le atribuyera una "participación preeminente" en las dos ramas del caso.

Amaños en la SEPI

La otra ramificación relativa a los supuestos amaños en la SEPI parte de la detención, el pasado mes de diciembre, de Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar.

Recientemente, el magistrado imputó a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas entre las que figuran directivos de empresas como el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, el CEO de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia Fernando Samper, entre otros.

Pedraz ordenó la apertura de una pieza separada para investigar únicamente el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos, en la que, según las pesquisas, la trama se habría embolsado 114.000 euros a cambio de mediar para que la operación se llevara a cabo.

Investigación paralela en Plaza de Castilla

Desde los juzgados de Plaza de Castilla, Zamarriego investiga una supuesta actuación "delictiva, continuada y coordinada" liderada por Leire Díez en la que también habrían participado el empresario Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, los tres imputados, dirigida a "recabar información comprometida o irregular" de mandos de la UCO, jueces y fiscales.

El fin de estas maniobras era "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios". Zamarriego investiga a Díez, Dolset y Rusiñol por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Esta causa parte de una denuncia de Hazte Oír a raíz de una serie de audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO y la Fiscalía.