La Asamblea crea una comisión para examinar el efecto de la ley de nietos

El PP defiende que la comisión estudiará también las regularizaciones masivas, mientras el Tribunal Supremo mantiene suspendida la aplicación de la norma.

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves, gracias al apoyo de PP y Vox y con Más Madrid absteniéndose, a una comisión que analizará cómo repercute en el censo electoral de la región la denominada "ley de nietos", una norma que permitía votar a los descendientes de exiliados y cuya aplicación tiene suspendida el Tribunal Supremo.

El parlamentario popular Francisco Galeote ha sostenido en el Pleno que los madrileños tienen derecho a saber "lo que está pasando con su censo electoral". Para justificar la comisión, ha subrayado que 163.020 personas figuran inscritas en el censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA).

Galeote ha rechazado el argumento de la izquierda de que su partido pretende retirar el pasaporte "a los hijos de exiliados", algo que ha calificado de "absolutamente falso". "Nosotros estamos, y lo digo claro, a favor de los efectos reparadores que buscaba una ley que permitía recuperar la nacionalidad a quienes habían sufrido exilio a consecuencia de una dictadura. Eso es lo que se votó en el Congreso. El problema es que han sido ustedes los que han intentado colarnos un censo electoral inflado, incluyendo a quienes no habían sufrido exilio alguno", ha argumentado, antes de tachar esa actuación de "un fraude".

El diputado ha recordado que la ley exigía haber padecido el exilio y ha defendido que la Cámara regional tiene "más que derecho a interesarse" por la cuestión. A su juicio, la comisión irá más allá de la "ley de nietos" y examinará además "las regularizaciones masivas, otro intento de alterar el censo a medio y largo plazo".

"Queremos estudiarlo todo y queremos comprobarlo todo. Porque garantizar unas elecciones limpias es garantizar una derrota de la izquierda, eso es lo que realmente les preocupa", ha lamentado el representante del PP.

Más Madrid denuncia una maniobra contra el Gobierno central

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha situado la propuesta, junto con las críticas a la "ley de nietos", dentro de una maniobra en España para crear "un clima de odio" contra el Gobierno central, "igual que hizo Trump". "Están socavando la democracia", ha afirmado.

"Llevan ustedes negando el carácter democrático de nuestro Gobierno, su legitimidad, desde la propia moción de censura en la que fue nombrado Pedro Sánchez y durante estas dos legislaturas", ha reprochado Martínez Abarca, que ha acusado a los populares de alimentar un ambiente en el que "cabe cualquier método" para derribar al Ejecutivo.

Para defender la norma, el parlamentario ha planteado un supuesto en el que el poeta Federico García Lorca hubiera huido de España durante el franquismo y hoy se negara a sus descendientes el derecho al voto.

Aun así, su grupo se ha abstenido porque, según ha reconocido, le parece "bien que se examine" la situación. No obstante, considera que el PP "no quiere investigar nada" y que la comisión es solo "un delirio trumpista para cacarear las barbaridades" que, en su opinión, pronuncia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rechazo socialista y respaldo de Vox

El diputado socialista Fernando Fernández Lara ha explicado el voto en contra de su grupo y ha descrito la comisión como "mucho espectáculo, mucha propaganda", sin capacidad para resolver "ningún problema real de los madrileños".

Según Fernández Lara, iniciativas de este tipo "ponen en cuestión" el derecho al voto, que ha definido como "uno de los pilares" de la democracia. Ha añadido que ese derecho no se puede "restringir" mediante una "operación de política espectáculo".

"Una maniobra para distraer, manipular y alimentar el rencor mientras se presenta como una amenaza a ciudadanos españoles que reclaman ejercer sus derechos", ha resumido el representante socialista, que ha zanjado que su partido "no va a ser cómplice" de ella.

Por parte de Vox, Ana Velasco ha acusado al Gobierno de servirse de la Ley de Memoria Democrática para cometer un fraude de enormes proporciones. Ha sostenido que conocer más datos sobre los electores es "transparencia pura y dura" frente a las "intenciones oscuras" del Gobierno de la nación.

Velasco ha calificado esa actuación de "ataque frontal a la esencia de la democracia" y ha afirmado que la izquierda "ha perdido la dignidad y el respeto por la democracia". A su entender, todo ello constituye "una amenaza al Estado de Derecho y para España".