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El PP marca distancia entre la imputación de Montoro y los escándalos del PSOE: Aquí no hay "prostitutas" o "colocación de amigas"
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular, Juan Bravo, ha marcado distancia entre la investigación judicial que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y los numerosos casos de presunta corrupción que implican a dirigentes socialistas. En declaraciones ofrecidas este jueves en una entrevista en Antena 3, Bravo ha subrayado que en la causa abierta contra el exministro no hay rastro de prácticas como “mordidas, prostitutas o colocación de amigas”, en clara alusión a las tramas que han salpicado al PSOE en los últimos años.
Juan Bravo ha recordado que la investigación que ahora vuelve a dirigirse contra Montoro fue archivada anteriormente, y ha insistido en mostrar el “máximo respeto a la justicia y a los fiscales”, al tiempo que ha apelado a que se les deje trabajar “sin interferencias”, en referencia a lo que considera una práctica habitual por parte del Ejecutivo socialista. “Esta causa ya fue archivada”, ha enfatizado, cuestionando el uso político que, a su juicio, hace el Gobierno de las actuaciones judiciales.
Bravo ha señalado además que las leyes presuntamente modificadas para beneficiar a determinadas empresas de gases industriales siguen vigentes hoy en día, siete años después de la llegada del PSOE a La Moncloa. “Si eran tan malas, ¿por qué siguen vigentes?”, se ha preguntado. En su opinión, el Ejecutivo de Sánchez ha tenido tiempo más que suficiente para corregir cualquier disposición que considerara perjudicial o dudosa, lo que, según su criterio, desacredita las críticas vertidas ahora sobre la etapa de Montoro.
El dirigente del PP ha destacado que, a diferencia de la práctica habitual del Gobierno actual, que recurre a reales decretos sin apenas debate parlamentario, las medidas impulsadas por Montoro se articularon a través de una ley de presupuestos, que pasó todos los filtros normativos correspondientes, incluido el informe del Consejo de Estado, y fue debatida y votada en el Congreso. “No se saltó ningún control, a diferencia de lo que pasa hoy”, ha subrayado.
Las declaraciones de Bravo se producen tras conocerse que un juez de Tarragona ha imputado al exministro por haber presuntamente favorecido desde su cargo a empresas de gases industriales que eran clientes de Equipo Económico, un despacho fundado por él mismo antes de asumir responsabilidades en el Gobierno. En la causa, según consta en el auto judicial, están implicadas 28 personas físicas y seis jurídicas, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
