Jueces y fiscales se concentran frente al Supremo contra las reformas del Gobierno

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las de orientación progresista, se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid para manifestar su rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

La principal preocupación de los convocantes radica en los cambios propuestos para el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como en la reestructuración del Ministerio Fiscal, que contempla otorgar a los fiscales el control de las investigaciones penales, actualmente en manos de los jueces de instrucción.

Durante la concentración, se escucharon consignas como “independencia judicial” y otras dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Esta movilización se enmarca como antesala a la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio por asociaciones como la APM, la AJFV, el FJI, la AF y la APIF.

Un manifiesto en defensa del poder judicial

Los organizadores leyeron un manifiesto en el que dejaron claro que su protesta no va dirigida contra el poder ejecutivo ni el legislativo, sino que se trata de una defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho. "La independencia judicial es clave para hablar de una democracia real", señala el texto, advirtiendo que esta está “bajo amenaza”.

Sobre la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, el manifiesto denuncia que no responde a una demanda social y que se está tramitando de forma urgente sin justificación clara. Las asociaciones alertan de que este cambio reducirá la excelencia en la formación de los futuros jueces y fiscales, especialmente si se crea un centro preparador de opositores dependiente del Gobierno, lo que, a su juicio, supone una injerencia directa del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.

Críticas a la reforma del Ministerio Fiscal

En cuanto a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, las asociaciones critican el aumento de poder del Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento depende del Gobierno y no está sujeto a filtros previos. Temen que la nueva ley elimine garantías de autonomía interna y limite la capacidad de los fiscales para oponerse a instrucciones de sus superiores jerárquicos. Además, destacan que el cambio legal transferirá el mando de la investigación criminal desde los jueces de instrucción hacia los fiscales.

Advertencia de huelga y demandas estructurales

El manifiesto concluye que estas reformas se producen en un contexto de ataques políticos al poder judicial, lo cual “deslegitima” sus decisiones y deteriora la confianza ciudadana. "La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos", recoge el texto. Las asociaciones insisten en que si no se retiran los proyectos legislativos, no tendrán otra opción que ir a la huelga.

También aprovecharon para reiterar una demanda histórica: la necesidad de crear de forma masiva nuevas plazas judiciales y fiscales para acelerar los tiempos de respuesta de la justicia. Pidieron disculpas anticipadas por las molestias que puedan causar las jornadas de huelga previstas.

Antecedentes y contactos con el Gobierno

La convocatoria de la protesta fue anunciada el 17 de junio, tras una primera advertencia lanzada el 11 de junio con un paro simbólico de 10 minutos frente a juzgados de todo El País. Posteriormente, las asociaciones se reunieron el 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con representantes de las asociaciones progresistas que no secundan la movilización.

Durante ese encuentro, las asociaciones entregaron al Ministerio sus informes sobre ambas reformas, pero calificaron la reunión de “nada productiva”, señalando que el secretario de Estado dejó claro que el Gobierno no tiene intención de retirar los cambios propuestos. Por su parte, fuentes del Ministerio defendieron que el encuentro fue “constructivo y respetuoso” y reiteraron que las reformas buscan modernizar el acceso a las carreras judicial y fiscal, garantizar becas y ascensos automáticos, y estabilizar a los sustitutos, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea.