
El Gobierno aprobará en octubre un real decreto para regular centros de datos dentro de la estrategia IA360, que busca situar a España entre los cinco primeros países en IA responsable.
El Gobierno tiene previsto aprobar a lo largo de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, una normativa que fija criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital y que ha encontrado el rechazo frontal de la patronal del sector. La medida se presenta ligada a la estrategia estatal 'IA360', diseñada para situar a España entre los cinco primeros países del mundo en el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) responsable y ética durante el periodo 2026-2027.
La futura regulación pretende ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para el resto de la economía. Según el proyecto sometido a audiencia pública, las solicitudes de permisos de acceso a la red presentadas por los centros de datos superan con creces los 2,5 gigavatios (GW) de demanda efectiva de energía previstos para 2030, un volumen que obligaría a refuerzos costosos sufragados por el conjunto de los ciudadanos para garantizar la estabilidad del suministro.
El Ejecutivo exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, hora a hora, al menos el 80% de su consumo energético. Así lo recoge el proyecto de real decreto sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital. La sostenibilidad pasará a ser un criterio determinante para priorizar los proyectos de mayor valor añadido.
Tendrán preferencia las instalaciones que incorporen nueva generación renovable, que hagan un uso eficiente del agua y del suelo, y que contribuyan a reforzar la autonomía tecnológica del país. El proyecto contempla además que la futura gigafactoría europea de IA que España aspira a albergar se diseñe desde el principio bajo este nuevo marco normativo.
El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, aspira a hacerse con una de las siete gigafactorías de IA europeas, con una inversión prevista de 5.000 millones de euros.
SpainDC, la asociación española de centros de datos, advirtió el pasado 11 de septiembre de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para el sector en España, después de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos en el país anunciaran que los paralizarían si el real decreto salía adelante. La asociación ya presentó sus alegaciones a la normativa, impulsada conjuntamente por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, pidió a mediados de septiembre al Gobierno que se sentara a dialogar sobre esta cuestión, dado que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria. "Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", lamentó.
Díaz precisó que los proyectos de los tres inversores que amenazan con marcharse representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030. Con el nuevo marco legal, estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España como destino. La patronal también alertó de que las exigencias del texto contradicen proyectos clave del propio Ejecutivo: según SpainDC, la futura gigafactoría de IA no cumpliría los requisitos que el Gobierno pretende imponer.
La regulación de los centros de datos es uno de los 14 proyectos tractores incluidos en el plan 'IA360'. El Gobierno convocará a patronal y sindicatos a partir de este mes de octubre para impulsar un acuerdo tripartito que acelere la adopción de la IA bajo criterios de seguridad y confianza.
La estrategia se articula en ocho áreas de actuación. En infraestructuras, el plan apuesta por aprovechar la electricidad renovable y la red de fibra para ampliar la capacidad de cómputo propia con criterios de sostenibilidad. En seguridad, contempla la protección de infraestructuras críticas, la evaluación de modelos avanzados y la protección de menores, bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).
En educación y talento, la propuesta fomenta la alfabetización digital y el pensamiento crítico frente a los sesgos de la IA generativa, y persigue reducir las rigideces normativas y mejorar las retribuciones investigadoras para paliar la escasez de profesionales cualificados. En desarrollo y tecnología, se promueven los modelos de frontera y las capacidades cuánticas, con la alianza del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) con Nvidia para desarrollar un acelerador europeo con arquitectura RISC-V como proyecto estrella.
En el eje de difusión, el objetivo es reducir la brecha entre el uso ciudadano y la implantación real en el tejido empresarial, que actualmente se sitúa en el 21,1%. El plan también impulsa el sector público como motor de simplificación administrativa y de despliegue de agentes de IA bajo supervisión humana, y refuerza la proyección exterior mediante alianzas internacionales con especial atención al espacio iberoamericano.
Junto al real decreto de centros de datos, la estrategia 'IA360' incluye otros 13 proyectos tractores. En el ámbito de las infraestructuras y la seguridad, el plan contempla la creación de una gigafactoría de IA europea, el desarrollo de un escudo de ciberseguridad avanzada, la puesta en marcha del Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial en la Aesia y la activación de un protocolo de actuación urgente para la protección digital de menores.
En el terreno formativo y social, las medidas incluyen una estrategia de alfabetización en inteligencia artificial para la ciudadanía y la integración de la IA en el sistema educativo. La iniciativa contempla también acciones orientadas al talento y al desarrollo tecnológico: atracción y retención de especialistas, tramitación de la Ley de 'Scale-ups' y creación de la 'Red NEURONA'.
El listado se cierra con actuaciones dirigidas a empresas, administración y proyección internacional: el lanzamiento del bono empresarial de IA, el refuerzo de la Atención Avanzada en la Administración, la simplificación de cargas para autónomos y pymes mediante herramientas digitales, y la constitución de la Alianza Iberoamericana de la Inteligencia Artificial.
Estas preguntas han sido generadas por inteligencia artificial para favorecer el diálogo y la reflexión.
¿Crees que el Gobierno está tomando la decisión correcta al exigir que los centros de datos usen un 80% de energía renovable, aunque esto pueda frenar inversiones del sector?
¿Te parece que las exigencias de sostenibilidad del decreto benefician más a España a largo plazo que los 9.000 millones de euros en inversiones que podrían perderse?
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