El Supremo considera proporcional el registro del despacho del fiscal general del Estado

El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha defendido la legalidad y proporcionalidad de la entrada y registro en el despacho del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. La medida, según el magistrado, era "necesaria" debido a la gravedad del delito investigado: revelación de secretos, imputado a Alberto González Amador, pareja de la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

En el auto del 30 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Hurtado ha explicado que la intervención era imprescindible para acceder a los dispositivos y comunicaciones relevantes para la investigación. Además, justificó que el despacho de García Ortiz se encuentra en un edificio público, lo que elimina la protección constitucional del domicilio, aunque el registro se realizó con las máximas garantías posibles, como si se tratara de un domicilio privado.

El magistrado rechazó la necesidad de contar con el abogado del investigado durante el registro, argumentando que la urgencia de la diligencia y la autorización judicial hacían innecesaria su presencia. "La fe pública judicial estaba garantizada con la participación de un Letrado de la Administración de Justicia", señaló. No obstante, fuentes del caso indicaron que un letrado de guardia de la Abogacía del Estado estuvo presente, ya que el fiscal general aún no había designado un abogado específico de los servicios jurídicos.

El juez Ángel Luis Hurtado limitó la investigación a la información relacionada directamente con los hechos investigados y acotó temporalmente el análisis a los correos electrónicos de García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, entre el 8 y el 14 de marzo. El registro, que se prolongó por más de diez horas, permitió la incautación completa de los dispositivos electrónicos del fiscal general, incluidos dos teléfonos móviles, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y varios USB.

La Fiscalía, representada por Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y número dos de García Ortiz, ha recurrido los autos de entrada y registro. El juez ha levantado ahora el secreto de ambos autos para que las partes puedan presentar sus alegaciones ante el escrito del Ministerio Público.