Casi 28.000 menores migrantes no acompañados han llegado a España desde 2020

Desde el año 2018 y hasta febrero de 2025, un total de 27.891 menores migrantes no acompañados han ingresado en España, según ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a preguntas del grupo VOX en el Congreso. Esta cifra pone de manifiesto la presión que este fenómeno migratorio ejerce sobre los recursos de acogida autonómicos, en un contexto marcado por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente convalidada por la Cámara Baja.

Dicho real decreto-ley contempla la creación de un fondo de 100 millones de euros destinado a sufragar los costes derivados de la sobreocupación o el traslado de estos menores entre comunidades autónomas, al tiempo que establece criterios técnicos para su redistribución por el territorio nacional.

Según los datos actualizados a 28 de febrero de este año, figuran 15.730 menores inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, aunque el Ejecutivo admite que no se contempla información específica sobre aquellos que, habiendo ingresado como menores, ya han alcanzado la mayoría de edad. Esta carencia estadística genera incertidumbre sobre el seguimiento y la atención a largo plazo de estas personas dentro del sistema.

Asimismo, el Gobierno ha reconocido que, por el momento, no dispone de datos concretos sobre el número, edad o procedencia de los menores que serán reubicados como consecuencia directa de la reforma normativa. Sin embargo, ha indicado que la distribución territorial se llevará a cabo siguiendo los nuevos artículos 35 bis y 35 ter de la Ley de Extranjería, en base a una serie de parámetros socioeconómicos y estructurales.

La nueva fórmula de distribución prevé ponderar la población autonómica (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%) y el esfuerzo previo de acogida (6%). También se tendrán en cuenta factores como el dimensionamiento del sistema de plazas (10%), el carácter fronterizo de la región (2%), la insularidad (2%) y la dispersión territorial (2%).

En cuanto al respaldo económico a las comunidades autónomas para afrontar estos retos, el Ejecutivo central ha repartido un total de 149 millones de euros en los últimos cinco años. De esta cantidad, 40 millones se asignaron en 2018, 6,4 en 2019, 32,7 en 2021, y 35 millones tanto en 2022 como en 2023. Estos fondos han tenido como objetivo reforzar la atención, tutela y acogida de menores no acompañados dentro del marco competencial de cada comunidad.