

El consejero reprocha al club concesionario el incumplimiento en la gestión de un recinto que es propiedad pública.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, acusó este viernes al Rayo Vallecano de incumplir sus obligaciones como concesionario del Estadio de Vallecas, un recinto propiedad de la Comunidad de Madrid. En una entrevista en Onda Cero, De Paco explicó que una auditoría concluyó que el campo no reunía condiciones de seguridad ni salubridad, consecuencia directa, según el consejero, del abandono en el mantenimiento por parte del club.
"Estamos acelerando absolutamente todos los procesos. La Administración como no podía ser de otra manera, lo cerró", afirmó De Paco, subrayando que los trabajos para resolver la situación siguen en marcha. El consejero fue contundente al valorar la gestión del recinto: el campo "ni está ni ha estado en los últimos años a la altura" del equipo que lo ocupa, y calificó al club de "absolutamente suspenso" en lo que respecta al cuidado de las instalaciones.
De Paco apuntó que esta dejadez podría explicarse por las intenciones del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, cuyo objetivo "nunca ha sido permanecer" en el campo actual, aunque sí en Vallecas. El consejero dejó claro que, al tratarse de un bien de dominio público, el estadio debe mantenerse en condiciones dignas, "a la altura de la región, de la marca de Madrid y del Rayo Vallecano".
De Paco censuró que el Rayo se negara a que la Comunidad arreglara un estadio que el propio club reconoce que no está en condiciones. "El presidente en declaraciones hechas últimamente insiste en que el campo está viejo. Bueno, pues si el campo está viejo y no está dispuesto a mantenerlo, ¿por qué no deja a la Comunidad de Madrid que lo mantenga?", se preguntó el consejero, quien señaló el "incumplimiento" del club como el eje del problema.
La tensión en torno al estadio se agudizó el jueves cuando De Paco negó que existiera ningún informe técnico que avalara que el Estadio de Vallecas cumple los requisitos de seguridad y salubridad necesarios para levantar la suspensión cautelar de la concesión. La polémica estalló después de que el club asegurara que la empresa auditora había dado su visto bueno al recinto, abriendo un nuevo frente de disputa entre la Administración regional y la entidad deportiva sobre el estado real de las instalaciones.