Siempre la obra pública
Parece mentira que más de cuatro décadas después de las primeras elecciones democráticas en España, la contratación de obra pública siga siendo un foco constante de corrupción.
A pesar de leyes, comisiones de transparencia y promesas de regeneración, los viejos vicios siguen tan vivos como siempre. Según datos recientes, cerca del 40% de las licitaciones públicas se adjudican con un único interesado, lo que evidencia la falta de competencia y abre la puerta a prácticas opacas y acuerdos bajo cuerda.
Durante años, la obra pública no solo ha sido una herramienta para modernizar infraestructuras, sino también un canal privilegiado para la financiación irregular de partidos políticos. Las famosas "mordidas", que parecían cosa del pasado, vuelven a escena con nuevos protagonistas pero idéntico guion: políticos que abusan de su cargo y empresarios dispuestos a pagar por favores. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a varias compañías, entre ellas Acciona, que ha reaccionado despidiendo a su responsable de Construcción en España y rompiendo relaciones con su socio navarro.
Sin embargo, en mi opinión, el gesto de Acciona no llega hasta donde debería. En lugar de limitarse a limpiar su imagen, la empresa tendría que haber denunciado a su ejecutivo ante los tribunales. Lo que ha hecho, en la práctica, es otorgar credibilidad a la investigación de la UCO, algo que contrasta con la reacción política. El presidente Pedro Sánchez niega cualquier implicación del PSOE en la trama y reduce el escándalo a la actuación "por libre" de dos de sus hombres de máxima confianza: José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos exsecretarios de Organización del partido nombrados directamente por él.
Para agravar el asunto, la Comisión Europea ha anunciado que investigará si se usaron fondos europeos en las supuestas mordidas de la llamada "trama socialista". Si se confirma, el escándalo traspasaría las fronteras y afectaría a la credibilidad del país ante sus socios europeos. Mientras tanto, los ciudadanos asisten, con resignación y hartazgo, a la enésima prueba de que, en España, la obra pública sigue siendo más un negocio que un servicio.
