La reunión entre Comunidad y Ministerio de Igualdad termina sin acuerdo sobre la Ley Trans
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha salido "desalentada" de su reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a la "total negativa" del Gobierno central a la petición madrileña de modificar un artículo de la Ley Trans nacional. Esta modificación busca prevenir que presuntos maltratadores accedan a los sistemas de protección tras cambiar de género, en algunos casos coincidiendo con sus víctimas.
Madrid propone que la ley estatal incluya criterios para abordar lo que consideran un "fraude de ley". Dávila ha explicado que la actual legislación impide abordar esta situación a través de la apariencia física o informes técnicos, y ha solicitado apoyo del Ministerio para definir cómo los técnicos y funcionarios pueden identificar estas posibles situaciones de fraude. La consejera ha subrayado la necesidad de esta modificación para proteger a las víctimas y evitar que presuntos agresores se beneficien de la ley tras cambiar de género.
La Comunidad de Madrid se ha encontrado con una "negativa total" de la ministra Redondo a realizar esta modificación puntual, incluso rechazando la propuesta de intervención de un organismo independiente para analizar la situación en otras comunidades autónomas. Ana Dávila ha expresado el "profundo malestar" de las profesionales que atienden a las víctimas y ha lamentado no haber conseguido soluciones efectivas para protegerlas mejor.
Dávila ha ejemplificado la problemática con casos donde presuntos agresores, tras cambiar de género, solicitan ingresar en residencias donde se encuentran sus víctimas, siendo atendidos como víctimas debido a su nueva identidad de género. Según la consejera, esta situación desprotege a las víctimas y vulnera el principio de igualdad de las mujeres.
Esta misma semana, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La denuncia se refiere a la supuesta discriminación a una mujer trans, a la que se habría negado la asistencia como víctima de violencia machista por haber sido un presunto agresor antes de su cambio de sexo.
Durante el encuentro, también se abordó la Ley Trans autonómica, actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo. Dávila defendió la postura del Gobierno regional de garantizar que los menores que deseen cambiar de sexo reciban acompañamiento por un equipo multidisciplinar, incluido el apoyo psicológico, basado en criterios médicos y científicos. Según Dávila, la ministra reconoció el profundo sufrimiento de los menores y sus familias en estos casos, aunque mostró su rechazo al acompañamiento propuesto por Madrid.
