Mantienen en prisión a Marjaliza porque aún se están investigando sus 150 empresas

La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión a David Marjaliza, socio de Francisco Granados en la trama Púnica, porque hay un "elevado riesgo" de que se fugue y destruya pruebas en vista de las líneas de investigación abiertas contra él, entre ellas la de sus más de 150 empresas.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ya denegó en diciembre la puesta en libertad de Marjaliza, que volvió reclamar su excarcelación el pasado marzo, cosa que también hizo su secretaria y "mano derecha", Ana María Ramírez, a la que el tribunal mantiene asimismo en la cárcel por su "importante rol" en la trama de corrupción.

Precisamente la semana pasada, el juez Eloy Velasco, que tiene bajo secreto parte del sumario de la Púnica, ordenó el registro del domicilio de Marjaliza en Valdemoro, donde se encontraron obras de arte que pudieron servir para blanquear dinero, y recopiló información de una entidad bancaria de Suiza.

La Fiscalía rechazó la excarcelación del socio de Granados porque hay líneas de investigación "plenamente vigentes" contra él y el imputado podría ocultar pruebas.

Entre estas nuevas líneas de investigación, destaca que "todavía no han podido conocerse todas las empresas utilizadas o vinculadas" a él, que contabiliza en más de 150.

Además, el fiscal indica que han aparecido datos que ponen de manifiesto la necesidad de mantenerle en prisión, entre ellos su presunta connivencia "con un grupo de empresarios del ramo de la construcción con importante capacidad de influencia sobre determinados políticos locales de Valdemoro y alrededores que dieron lugar a un volumen millonario de beneficios".

Marjaliza alegó para pedir su excarcelación que su imputación es prematura y que la mayoría de los delitos que se le atribuyen no son graves, así como que colaboró con la justicia poniendo a disposición de Hacienda "determinadas cuentas existentes en Suiza".

Sin embargo, la sala argumenta en su auto que los delitos sí serían graves "si se tiene en cuenta la labor profesional del recurrente y la cantidad de implicados y sociedades utilizadas" y, respecto a la colaboración con la justicia, explica que desconoce su alcance porque Velasco no lo menciona en sus escritos.

Para el tribunal, formado por Ángela Murillo Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, hay un "elevado riesgo" de que Marjaliza se fugue y oculte datos que "permitan conocer con profundidad el alcance de su participación delictiva".

Considera así adecuado mantenerle en prisión "en tanto no se conozca con más detalle la participación delictiva en los hechos que ya han sido investigados y los que están en fase de investigación".

El juez Velasco imputa a Marjaliza delitos fiscales, de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsificación y pertenencia a organización criminal.

Para denegar la puesta de la secretaría de Marjaliza, la sala sostiene que existen "serios indicios" del "importante rol" que ha tenido en la trama Púnica, en la que "ejerció gran influencia".

Esto es así, según tribunal, porque su principal función fue la de "mover voluntades en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con fines de obtención de cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria recalificación de terrenos".

El dinero obtenido de esta manera, añade el auto, "era trasladado a paraísos fiscales buscando su opacidad, con el consiguiente perjuicio para el erario público", fomentando la trama "detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado".

Por ello, entiende el tribunal que la posibilidad de que esta imputada pueda ocultar pruebas "viene constatada por su carácter de depositaria de la documentación sensible encontrada escondida en su domicilio" y los datos que van apareciendo en la investigación "revelan el gran protagonismo que ha tenido en el diseño y pervivencia de la estructura delictiva desarticulada".

Estas evidencias demuestran para los magistrados "su capacidad de acceder, por sí o a través de terceros, a las fuentes de prueba, o para influir en otros imputados y testigos", requisitos, que con el de riesgo de fuga, se tienen en cuenta para acordar la prisión provisional.

Recuerdan asimismo que el procedimiento se encuentra aún bajo secreto y "siguen acumulándose datos sobre el entramado delictivo y abriéndose líneas de investigación con la información que se está recibiendo, lo que acrecentaría la posibles responsabilidades penales de la recurrente y con ello el riesgo de sustracción" a la justicia.