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La abogacía madrileña rechaza la Ley de Eficiencia Judicial y denuncia los MASC obligatorios
El 84% de los letrados madrileños muestra su rechazo frontal a la obligatoriedad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como condición para acceder a los tribunales, y una mayoría abrumadora suspende con la nota más baja la aplicación de la Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia en sus primeros meses de vigencia. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) con la participación de 1.164 profesionales del Derecho.
El sondeo, realizado entre septiembre y octubre, refleja un malestar generalizado ante una normativa que, lejos de agilizar los procedimientos, ha introducido obstáculos adicionales tanto para los ciudadanos como para los abogados. Según los datos recogidos, solo el 10% de los intentos de resolución anticipada concluyeron con acuerdo, mientras que en el resto de los casos el proceso previo se limitó a ser una carga más en el trámite judicial.
Durante la presentación del estudio, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha subrayado que el informe no pretende ser una crítica retórica, sino una herramienta útil para detectar fallos y proponer mejoras. A su juicio, el sistema actual “no está logrando los objetivos de eficiencia” y se está aplicando sin la estructura adecuada de medios ni criterios unificados.
El estudio revela que el 82% de los encuestados ya ha tenido que aplicar la nueva normativa en procedimientos reales. De ellos, el 90% afirma que estos nuevos requisitos ralentizan la tramitación judicial, mientras que apenas un 4,3% considera que su implantación ha servido para agilizar los procesos. Uno de cada dos abogados admite haber tenido dificultades para acreditar ante el juzgado el intento previo de resolución, lo que en muchos casos ha provocado la inadmisión de demandas.
La abogacía madrileña denuncia además una notable disparidad de criterios entre juzgados a la hora de aplicar la ley, generando lo que el Colegio describe como una “ruleta procesal” que pone en entredicho la seguridad jurídica. El 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se interpretan de forma desigual, mientras que solo un 4% percibe coherencia en su aplicación.
A la hora de escoger herramientas para intentar evitar el litigio, los abogados se inclinan claramente por métodos tradicionales. El 44% opta por la oferta vinculante y el 34,5% por la negociación directa, mientras que fórmulas como la mediación (8,2%), la conciliación (10,6%) o el derecho colaborativo (1,6%) apenas tienen presencia efectiva en la práctica profesional. El Colegio considera que este patrón evidencia una implantación fallida de los nuevos métodos por la falta de incentivos, escasa formación y dudas generalizadas sobre su eficacia real.
