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La Justicia madrileña refuerza medios con nuevo servicio de peritos
El contrato, vigente hasta 2028, permitirá dar continuidad al servicio de informes periciales que ha incrementado casi un 26% desde 2023.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles un contrato de más de un millón de euros para agilizar la tramitación de los juicios rápidos, tras haber realizado más de 23.000 informes periciales desde 2023.
El contrato, con vigencia hasta 2028, permitirá dar continuidad a este servicio esencial para reducir los tiempos de respuesta de estos procedimientos, según ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Entre 2023 y 2025, el número de informes técnicos judiciales realizados se ha incrementado casi un 26%, pasando de los 6.662 anuales a los 8.391. Esto supone una media de cerca de 700 mensuales, frente a los 555 que se realizaban en 2023.
Con este nuevo contrato, el Gobierno regional quiere seguir atendiendo con mayor rapidez las solicitudes de jueces, magistrados y fiscales para la celebración de juicios rápidos. Este procedimiento permite resolver determinados delitos en un plazo reducido cuando los hechos están suficientemente acreditados y la investigación puede completarse en poco tiempo.
Los peritos judiciales son especialistas que ayudan a jueces, magistrados y fiscales aportando criterios técnicos sobre distintos ámbitos. Para ello elaboran informes que les permiten valorar los hechos y adoptar sus decisiones.
Trabajos de peritación de especial urgencia
El nuevo contrato contempla la realización de trabajos de peritación de especial urgencia para los juicios rápidos. Entre ellos se incluyen análisis y valoraciones técnicas que requieren conocimientos especializados, como peritaciones caligráficas, tasaciones de joyas y otros bienes, así como otras actuaciones necesarias para esclarecer lo investigado.
Con esta medida, el Gobierno regional quiere reforzar los medios de la Justicia madrileña para ofrecer "un servicio más ágil, eficaz y adaptado a las necesidades tanto de los ciudadanos como de los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales".
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