El ‘caníbal de Ventas’ solicita ser trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario

Alberto S.G., conocido como el ‘caníbal de Ventas’ y condenado a 15 años de prisión por el homicidio y descuartizamiento de su madre, ha solicitado ayuda legal para ser trasladado a un centro psiquiátrico penitenciario. Según su abogado, el acusado reconoce ser un peligro para la sociedad y busca un entorno especializado donde recibir tratamiento.

El caso, que conmocionó a la sociedad en 2019, tuvo lugar en el barrio de la Guindalera, en Madrid. Entre finales de enero y febrero de ese año, Alberto mató a su madre, descuartizó su cuerpo y consumió parte de los restos durante al menos quince días. Fue detenido tras confesar el crimen a los agentes que acudieron a la vivienda y hallaron una escena espeluznante, con restos cadavéricos esparcidos por la casa.

En mayo de 2021, un jurado popular declaró a Alberto culpable de homicidio y profanación de cadáveres, con el agravante de parentesco. Aunque durante el juicio argumentó haber actuado bajo una enajenación mental transitoria motivada por el consumo de cannabis, los magistrados concluyeron que no existía prueba de que sus facultades mentales estuvieran anuladas en el momento de los hechos. Además de la pena de cárcel, fue condenado a indemnizar con 60.000 euros a su hermano por el fallecimiento de su madre.

En una carta dirigida al abogado Julen Martínez, Alberto asegura que durante el crimen sufría "psicosis y paranoia" y que actuó "siguiendo las órdenes de las voces y alucinaciones visuales". También se queja de que, tras su detención, no se le realizó una valoración psiquiátrica adecuada ni se le leyeron sus derechos.

“Antes del juicio, mi abogado me aconsejó que declarara que no recordaba nada. No me sentí defendido y no hizo un buen trabajo”, expresa en el escrito. En su declaración final durante el juicio, Alberto pidió perdón por sus actos: “Cada vez que pienso en mi madre se me cae el alma encima”.

El abogado Julen Martínez ha confirmado que está trabajando para lograr el traslado de Alberto a un centro psiquiátrico penitenciario. "Esta persona no quiere salir a la calle, sabe que es un peligro para la sociedad", ha señalado. Sin embargo, la sentencia judicial dictaminó que no había pruebas suficientes para justificar una alteración psíquica que anulara sus capacidades volitivas y cognoscitivas, lo que dificulta el cambio de centro.