La formación reclama que se tipifique como infracción y que se apliquen sanciones en trenes, andenes y vestíbulos de la red.
Más Madrid ha presentado una Proposición No de Ley para que se prohíba y se sancione el "proselitismo religioso, la predicación o la evangelización" dentro de los trenes y las instalaciones de Metro de Madrid, ante la proliferación reciente de actividades que difunden mensajes de carácter religioso dirigidos a viajeros.
La iniciativa subraya que, aunque la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales, "su ejercicio en el espacio público debe modularse cuando colisiona con el derecho a la intimidad y al descanso en el interior de un habitáculo cerrado y en movimiento", argumentando además que los viajeros se encuentran en una situación de "cautividad temporal".
Los proponentes han señalado como foco de la propuesta el Reglamento de Viajeros de Ferrocarril Metropolitano de Madrid de 1987, que actualmente no contempla las actividades de "difusión religiosa no autorizada", y piden que se actualice para incluir esa regulación.
Más Madrid solicita que se deje constancia en el Reglamento de que el transporte público es un espacio de uso funcional y no evangelizador y que la normativa "será neutral respecto al contenido de los mensajes, aplicándose con independencia de su carácter religioso".
La formación buscará el consenso en la Asamblea de Madrid para reclamar al Gobierno regional la inclusión expresa de un apartado que regule la prohibición y que tipifique como infracción el ejercicio de cualquier actividad de proselitismo religioso, predicación o evangelización activa dirigida a los usuarios en el interior de los trenes y en las instalaciones, andenes y vestíbulos de la red.
Además, plantea la necesidad de desarrollar protocolos de actuación claros para el personal que permitan identificar las conductas, actuar de forma proporcionada y respetuosa y garantizar la seguridad jurídica en las intervenciones.
Por último, Más Madrid propone impulsar campañas informativas dirigidas a los usuarios sobre sus derechos y las normas de convivencia en el transporte público y evaluar periódicamente el impacto de estas medidas en la calidad del servicio y en la percepción de bienestar de los viajeros.