El Consorcio Regional propone al resto de comunidades pagar a medias la tarjeta de los estudiantes tras restringir los descuentos por el padrón.
La viabilidad de los descuentos en el transporte público madrileño pasa ahora por la firma de acuerdos bilaterales. Tras limitar las tarifas bonificadas a los residentes, la Comunidad de Madrid ha propuesto un pacto generalizado al resto de autonomías para que cofinancien la Tarjeta de Transporte Público (TTP) Personal de sus estudiantes desplazados y evitar así que pierdan las ventajas económicas.
El gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ha enviado una carta formal a todos los gobiernos autonómicos para abrir la negociación de este marco de colaboración. La propuesta llega como respuesta directa al giro normativo aplicado desde el pasado 15 de junio, fecha desde la cual el CRTM restringe la expedición de las tarjetas TTP subvencionadas únicamente a las personas empadronadas en Madrid y a zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Desde la perspectiva de la eficiencia presupuestaria y el equilibrio fiscal, el Consorcio remarca que el núcleo de este pacto se basa en un estricto principio de corresponsabilidad financiera entre administraciones. La idea del Ejecutivo regional es que la comunidad de origen de cada alumno asuma la parte proporcional de la subvención pública. De este modo, los jóvenes universitarios de fuera de Madrid podrán disfrutar de un abono en condiciones equiparables al de los residentes, pero sin que el coste sea asumido íntegramente por los contribuyentes madrileños.
La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras quiere exportar el modelo de éxito que ya mantiene consolidado con Castilla-La Mancha. Este convenio bilateral permite que los ciudadanos que se mueven a diario entre ambas regiones por estudios o trabajo se beneficien del sistema tarifario madrileño mediante un fondo de compensación compartido.
Para agilizar los trámites, el Consorcio ya tiene preparado un **borrador técnico con las cláusulas jurídicas, económicas y operativas** necesarias para la firma. El documento se enviará de forma inmediata a los gobiernos autonómicos que muestren interés en proteger a sus estudiantes, abriendo una vía de negociación que busca regularizar la situación de la población estudiantil flotante en la capital.