La operación Fragmenta se ha saldado con 13 detenidos y cinco investigados en cuatro provincias y ha permitido identificar cerca de 2.000 posibles víctimas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas bancarias que gestionaba una base de datos con información de aproximadamente 500.000 personas. La investigación, denominada 'Fragmenta', se ha saldado con 13 detenidos y cinco investigados en Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Toledo.
Según ha informado el Instituto Armado, la pesquisa comenzó en 2024 tras la denuncia de una víctima que perdió cerca de 30.000 euros tras recibir una comunicación bancaria falsa; ese primer caso permitió relacionar otros hechos y destapar, en palabras del organismo, "un entramado criminal perfectamente estructurado que operaba en distintos puntos del territorio nacional".
Los agentes han identificado a los 18 integrantes del grupo —diez hombres y ocho mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y 43 años— y han determinado el papel que desempeñaba cada uno dentro de la organización. La fase de explotación de la operación culminó con la detención de sus principales miembros y su puesta a disposición judicial.
Durante la fase final se practicaron tres registros —dos en la provincia de Valencia y uno en Madrid— en los que se intervinieron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo vinculados a la actividad delictiva. Entre el material incautado figura una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas.
El análisis de la documentación y los dispositivos requisados ha permitido identificar hasta el momento a cerca de 2.000 posibles víctimas, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevos afectados.
El grupo enviaba masivamente mensajes SMS simulando proceder de entidades bancarias para inducir a las víctimas a acceder a páginas web fraudulentas donde introducían sus credenciales de banca electrónica. Posteriormente, los estafadores contactaban telefónicamente haciéndose pasar por empleados del banco para obtener los códigos de verificación necesarios y completar las operaciones.
Una vez accedían a las cuentas, realizaban transferencias del saldo disponible y solicitaban préstamos preconcedidos u otros productos financieros a nombre de las víctimas, incrementando el perjuicio económico. Tras ello, distribuían los fondos a través de numerosas cuentas bancarias para dificultar su rastreo y proceder al blanqueo del dinero.
La complejidad de la investigación respondió al uso de identidades falsas, cuentas abiertas mediante terceros, transferencias inmediatas entre entidades y una infraestructura tecnológica distribuida en varios países, lo que obligó a desarrollar un intenso trabajo de inteligencia financiera y análisis tecnológico.
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