La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha prometido organizar el sistema sanitario "desde el rigor técnico" y no desde el "sectarismo y la imposición política" a la hora de implementar el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo.
"Vamos a asegurar la atención integral de las mujeres, pero sin perjudicar a lo más valioso que tenemos en este sistema sanitario, ni a presionar a esos profesionales que ejerzan libremente sus derechos", ha dicho Matute en el Pleno de la Asamblea, respondiendo a una pregunta de la diputada de VOX Raquel Barrero sobre el registro.
La consejera ha defendido "una aplicación rigurosa de la jurisprudencia", aunque ha advertido que deberá ser "compatible con los derechos constitucionales y otra serie de legislación de los profesionales".
Matute ha asegurado que el Ejecutivo regional no pondrá en riesgo "ni uno solo de sus derechos" y ha hecho especial hincapié en "el derecho fundamental que está en el artículo 16 de la Constitución española".
El Gobierno autonómico acatará la medida cautelar dictada por los tribunales, ha explicado, pero cualquier actuación que ejecute se apoyará "en primer lugar en el respeto absoluto y en la protección del carácter confidencial, individual y voluntario de la objeción de conciencia, que además puede ser sobrevenida".
Ha insistido en que la implementación será "sin señalamientos" y sin que haya "ninguna consecuencia laboral para los profesionales", a quienes ha pedido que "pueden estar tranquilos" con el actual Gobierno regional.
"Frente a quienes plantean soluciones simplistas como ustedes, o soluciones coercitivas o inquisitoriales como los comunistas, aquí está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no va a permitir que se vulnere ni uno solo de los derechos de aquellos que hacen grande nuestra sanidad", ha concluido.
Barrero ha cuestionado la "libertad" que pregona el PP cuando se trata de "defender un derecho fundamental como la objeción de conciencia". "Les entra una prudencia exquisita", ha ironizado la diputada de Vox.
La diputada ha criticado que la consulta pública para crear el registro de objetores se publicara el Jueves Santo en lugar de "dar la cara y abrir un debate limpio sobre un tema tan sensible". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó a la Comunidad poner en marcha este registro al admitir las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García.
"La sentencia del TSJM les ha dado una coartada perfecta para hacer lo que siempre hacen. Fíjense, no hacer nada y echar la culpa al otro", ha acusado Barrero, quien ha cuestionado la estrategia del Gobierno regional ante una cuestión que considera fundamental.