Vox solicita la anulación del acuerdo aprobado por el Pleno en diciembre de 2025 y una nueva votación.
El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha formalizado una demanda contencioso-administrativa contra el nuevo modelo de gestión de Mercamadrid y solicita la anulación del acuerdo aprobado por el Pleno de Cibeles en diciembre de 2025 y una nueva votación.
Vox recalca que no cuestiona la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032 ni las inversiones necesarias para garantizar la prestación de este servicio público. El recurso se centra en las consecuencias que el cambio de modelo puede tener sobre el patrimonio municipal.
Los anteriores estatutos fijaban el 29 de enero de 2032 como fecha de vencimiento de la sociedad y vinculaban ese momento a la reversión al Ayuntamiento, «sin indemnización, del activo, el pasivo, las instalaciones y los bienes integrantes del servicio». Los nuevos estatutos establecen una duración indefinida de Mercamadrid y sitúan la reversión de los bienes afectos al servicio público en el supuesto de que se produzca «una futura disolución y liquidación de la sociedad».
Vox considera que este cambio rebaja las garantías que protegían los bienes municipales, al sustituir una reversión asociada a una fecha determinada por un derecho condicionado a la eventual disolución y liquidación de Mercamadrid. La demanda sostiene que el Pleno adoptó el acuerdo «sin contar con un inventario completo, sin una tasación actualizada de los terrenos, construcciones e instalaciones y sin una valoración económica autónoma» del derecho de reversión.
«Resulta cuanto menos sorprendente que PP, PSOE y Más Madrid votaran a favor de un acuerdo cuyo expediente no contenía una valoración completa. Cuando están en juego bienes de los madrileños valorados, solo en una parte de los terrenos, en cientos de millones de euros, no se puede votar a ciegas ni entregar un cheque en blanco», ha afirmado la concejala de Vox Arantxa Cabello.
Como respaldo a su recurso, Vox ha aportado una valoración pericial que cifra el valor de determinados terrenos en 414,6 millones de euros. El informe plantea además un segundo escenario de 519,8 millones de euros. «Estas cifras no prueban por sí solas una pérdida concreta, pero sí muestran que estaba en juego un patrimonio de varios cientos de millones que debía haberse valorado antes de la votación», argumentan.
El cambio de modelo tiene su origen en una proposición presentada conjuntamente por PP, Más Madrid y PSOE y aprobada por el Pleno el 27 de mayo de 2025 con la abstención de Vox. La iniciativa instaba a eliminar 2032 como fecha de extinción de la sociedad mixta. En la votación definitiva de diciembre, PP, Más Madrid y PSOE respaldaron el acuerdo, mientras que Vox votó en contra.
El Gobierno municipal defendió entonces que la limitación temporal generaba incertidumbre entre las empresas instaladas en el recinto, podía desincentivar inversiones y suponía un riesgo para la continuidad de algunos operadores. Después de aquella primera votación, el Ayuntamiento y Mercasa suscribieron el 11 de julio de 2025 un convenio sobre la gestión de los mercados mayoristas.
Vox sostiene que la participación de Mercasa podría otorgarle capacidad para bloquear «acuerdos esenciales», entre ellos una posible «disolución». «Mercamadrid tiene que seguir funcionando, creciendo y prestando un servicio esencial, pero no a costa de poner en riesgo el patrimonio de los madrileños», ha afirmado Cabello.
Vox insiste en que la demanda «no pretende paralizar» la actividad de Mercamadrid, sino lograr que el Pleno «vuelva a decidir» después de disponer de «un inventario completo, una valoración independiente de los activos y del derecho de reversión y una auditoría del modelo financiero».
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