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El PP de Madrid afirma que el archivo solicitado por la Fiscalía “desmonta” diez años de acusaciones contra Ana Millán
El PP de Madrid ha asegurado que la petición de la Fiscalía de archivar la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, “desmonta” una década de “insultos e injurias” lanzados, según los populares, por PSOE y Más Madrid.
La formación ha reaccionado así después de que el Ministerio Fiscal solicitara el sobreseimiento provisional de la investigación abierta contra la dirigente popular al considerar que no han quedado acreditados los delitos de corrupción que motivaron la causa, relacionados con varios contratos municipales durante su etapa como concejal.
En un comunicado, el partido ha defendido que Millán fue “injustamente acusada” durante años por la oposición a partir de unos hechos que, según sostiene, se han demostrado falsos.
Los populares han subrayado además que la Fiscalía comparte el criterio que ya expresó la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace más de un año, cuando apuntó que los hechos analizados no constituían delito.
Desde el PP madrileño consideran que la investigación, que se ha prolongado durante más de seis años en el Juzgado de Navalcarnero, ha provocado un “daño reputacional y personal innecesario” a la dirigente popular.
También sostienen que el caso se habría mantenido “artificialmente”, especialmente a partir del momento en que Millán fue incorporada a la dirección del partido en Madrid.
En su comunicado, el PP también ha puesto el foco en las pesquisas realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que analizó varios contratos municipales relacionados con un empresario.
Según los populares, el informe de la UCO no detectó irregularidades ni arbitrariedades en la adjudicación de nueve contratos investigados, ni acreditó que Millán recibiera ingresos injustificados vinculados a su condición de concejal.
La Fiscalía, en su escrito, sostiene igualmente que las diligencias practicadas no han permitido demostrar la existencia de pagos irregulares ni una relación directa entre los ingresos analizados y los contratos adjudicados.
El PP madrileño ha aprovechado también para cargar contra PSOE y Más Madrid, a quienes acusa de promover acusaciones judiciales con fines políticos mediante la figura de la acusación popular.
En este sentido, ha señalado como “sorprendente” que el Gobierno central impulse una reforma legislativa que limitaría el uso de esta figura jurídica mientras, según denuncian, formaciones de izquierda recurren a ella contra adversarios políticos.
Los populares han pedido a la Justicia que se pronuncie “lo antes posible” para cerrar definitivamente el caso y evitar, según sostienen, un mayor perjuicio a la dirigente.
Además, han advertido de que, una vez concluya el procedimiento, tanto el partido como la propia Millán se reservan el derecho a emprender acciones judiciales en defensa de su honorabilidad tras “años de insultos y calumnias”.
