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Dávila avisa que Madrid no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
Avanza que ejercerá acciones legales si el Ejecutivo central impulsa alguna iniciativa para mantener este sistema extroardinario
La Comunidad de Madrid ha advertido al Gobierno de España de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025 al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ya no tiene cobertura jurídica tras haber expirado los plazos previstos. La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha trasladado esta posición al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mediante una carta en la que avisa además de posibles acciones legales si el Ejecutivo central intenta prolongar ese sistema.
El choque entre ambas administraciones se produce después de que Ángel Víctor Torres cifrara hace unas semanas en alrededor de 1.800 los menores extranjeros no acompañados trasladados a la Península desde el 1 de septiembre de 2025 procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro defendió entonces la continuidad del actual sistema de reubicación durante el resto de la legislatura y lo presentó como una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional.
Frente a esa posición, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera “llamativo” que, tras haber sostenido públicamente que la situación de contingencia había finalizado, el Ejecutivo central pretenda ahora mantener de hecho un mecanismo extraordinario que, a juicio de la Comunidad, ha quedado sin respaldo normativo. Madrid sostiene que el plazo máximo para ejecutar los traslados de menores desde territorios declarados en contingencia migratoria de emergencia era de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo de 2025.
Ana Dávila defiende en su misiva que la Comunidad de Madrid ha cumplido “escrupulosamente” con la legalidad y con sus obligaciones, pero subraya que no puede ni va a asumir actuaciones que, según su criterio, carezcan de amparo jurídico. La consejera añade que cualquier intento de promover nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos recogidos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho.
La responsable madrileña de Asuntos Sociales critica también la forma en que se ha aplicado el decreto. Según expone, su desarrollo ha derivado en la práctica en un sistema de traslados que ha ignorado la coordinación necesaria con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, en algunos casos, la propia voluntad de los afectados y su situación familiar.
Madrid denuncia separaciones de hermanos y traslados sin arraigo
En su carta, Dávila asegura que se ha llegado a separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades autónomas. También denuncia casos de jóvenes que, según sostiene, contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y estaban próximos a alcanzar la mayoría de edad, circunstancias que, a su juicio, les habrían dejado en una situación de especial vulnerabilidad tras su traslado.
La consejera insta al ministro a que cese en cualquier intento de impulsar iniciativas dirigidas a mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal. Advierte además de que, si no se detiene esa vía, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales necesarias para defender sus competencias y la legalidad vigente.
El Gobierno regional vincula además la actual presión migratoria a la actuación del Ejecutivo central. Dávila sostiene que la situación de emergencia sufrida por Canarias, Ceuta, Melilla y también por comunidades como Baleares, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Madrid tiene su origen en que el Estado no ha ejercido adecuadamente sus competencias en política exterior, control de fronteras e inmigración.
En ese contexto, la consejera acusa al Gobierno de pasar “del silencio y la inacción a la imposición” y de haber sustituido la cooperación por decisiones unilaterales que, en su opinión, han puesto en riesgo la capacidad de los sistemas de protección autonómicos, han invadido competencias y han generado un efecto llamada difícil de revertir. También reprocha al Ejecutivo que la solidaridad que invoca no se haya traducido en hechos y recuerda que, según su versión, solo ha cumplido con sus obligaciones cuando se lo ha exigido un tribunal, como ocurrió con los menores solicitantes de protección internacional.
