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Ana Dávila carga contra la regularización de migrantes y la tacha de "paraíso para las mafias"
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales denuncia en la Asamblea que la medida impulsada por el Gobierno central desborda los servicios públicos, fomenta el fraude documental y alimenta a las redes que trafican con la vulnerabilidad de miles de personas, mientras reivindica el recurso presentado por la Comunidad ante el Tribunal Supremo.
Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha arremetido este jueves contra la regularización extraordinaria de migrantes promovida por el Gobierno central. La ha calificado de "caos disfrazado de humanidad" y de "paraíso para las mafias", argumentando que genera un fuerte impacto sobre unos servicios públicos ya saturados y que, lejos de favorecer una integración ordenada, alimenta el fraude, la precariedad y la explotación de los más vulnerables. Sus críticas las ha vertido durante el Pleno de la Asamblea.
Dávila ha trasladado la "enorme preocupación" del Gobierno regional por las consecuencias de una regularización que, a su juicio, se ha impuesto sin planificación y sin considerar la capacidad real de las administraciones para absorber sus efectos. El problema, ha insistido, no es solo el contenido de la medida, sino también su alcance y la forma en que se está aplicando.
La consejera ha cuestionado las cifras del Ejecutivo central sobre beneficiarios potenciales. Frente a los 500.000 migrantes que maneja el Gobierno, Dávila ha citado estimaciones de sindicatos policiales que elevan la cifra por encima de los dos millones. Para ilustrar esa magnitud, la ha comparado con la suma de la población de La Rioja, Cantabria, Navarra, Ceuta y Melilla.
Ha negado además que se trate mayoritariamente de personas asentadas desde hace años en España e integradas en El País. Según su análisis, buena parte de los afectados responden a llegadas muy recientes y a un efecto llamada sin un proyecto real de inserción laboral y social. Desde esa premisa, ha rechazado que la medida abra oportunidades reales y ha advertido de que puede desembocar en más pobreza, más exclusión y más personas abocadas a dormir en la calle.
Dávila ha endurecido su discurso al sostener que el desorden generado por la regularización está siendo aprovechado por redes mafiosas. Ha asegurado que ya se ven situaciones de citas administrativas por las que algunos inmigrantes han pagado creyendo que eran oficiales, contratos de trabajo falsos, pasaportes retenidos por terceros como forma de coacción y empadronamientos, certificados y antecedentes manipulados.
La consejera ha subrayado que ese escenario de fraude y explotación es precisamente lo que la regularización debería evitar, pero que en su lugar está facilitando. Ha reiterado que la Comunidad de Madrid mantiene su recurso ante el Tribunal Supremo contra la medida, considerándola una invasión de competencias autonómicas y un riesgo para la estabilidad de los servicios públicos regionales.
