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Dávila reclama al Estado soluciones urgentes para los menores extranjeros
La consejera regional exige celeridad en reagrupación familiar y mayor control de identidades ante casos de conducta grave.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al Gobierno central soluciones inmediatas para la gestión de menores extranjeros, criticando posturas políticas que anteponen mensajes ideológicos a la protección efectiva de la infancia.
Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Dávila ha rechazado los discursos que priman consideraciones partidistas sobre la responsabilidad institucional de amparar a los menores. La consejera ha defendido que la Comunidad mantiene su compromiso con la intervención en integración y cuidado de los menores acogidos, operando siempre dentro del marco legal vigente.
El Ejecutivo autonómico ha presentado dos demandas concretas al Estado. Primero, mayor celeridad en los procesos de reagrupación familiar, mecanismo administrativo mediante el cual los menores son devueltos a su entorno familiar de origen bajo supervisión y garantías legales. Segundo, agilidad en la determinación de edad de los recién llegados por parte de la Fiscalía, tras detectarse irregularidades graves.
Madrid registra actualmente 117 menores con problemas severos de conducta y dependencia que requieren medidas urgentes. El Ejecutivo autonómico ha presentado ya 26 denuncias por falsedad en la identidad de supuestos menores que intentaban acceder al sistema de acogida, evidenciando la necesidad de reforzar los controles administrativos.
Dávila ha señalado la contradicción de formaciones políticas que, cuando asumen responsabilidades de gobierno en otras comunidades, no aplican las medidas drásticas que prometen en campaña. Según la consejera, el ejercicio del poder político impone el respeto a la ley por encima de las proclamas electorales.
El diputado de VOX, Ignacio Arias, ha cuestionado la eficacia de los centros de acogida residencial y ha exigido una revisión rigurosa de los regímenes internos para garantizar seguridad y orden en las instalaciones de protección de menores.
