La Comunidad incorpora a Aguirre, Gallardón y Cifuentes como asesores

La consejera Albert defiende los nombramientos de expresidentes en la Comisión Jurídica Asesora como beneficioso para la comunidad.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido el nombramiento de los expresidentes regionales Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora al considerar que "los madrileños ganan con perfiles profesionales con tanto talento".

"Las funciones son de asesoramiento en el Consejo Consultivo, igual que existe en el Consejo de Estado del Gobierno central. Son personas de enorme valía, tanto profesional como política, que seguro que mejoran nuestra regulación, nuestras normas, que acudirán a los plenos y que harán estas labores de asesoramiento. Yo creo que toda la Comunidad de Madrid y los madrileños ganan con esa incorporación", ha defendido Albert este miércoles desde el Mercado Escuela de San Cristóbal.

A finales de julio, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombró a los expresidentes regionales como miembros del órgano consultivo en materia jurídica de la Administración autonómica. Se encarga de emitir dictámenes sobre aquellos asuntos de especial relevancia jurídica que le son sometidos por el Gobierno regional y otras administraciones públicas en los supuestos previstos por la ley.

El Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, regulado mediante el Decreto 59/2025, establece que los expresidentes que hayan estado al menos dos años en el ejercicio de su cargo desde el inicio de la Legislatura, tras cesar, pueden ser nombrados vocales electivos de esta comisión. La Comunidad aprobó hace un año su Estatuto de expresidentes y del resto de miembros del Consejo de Gobierno tras sus ceses con el objetivo de "homologarse al Estado y a las comunidades autónomas".

El Estatuto incluía una compensación para los expresidentes autonómicos a partir de este mandato del 80 por ciento de sus retribuciones durante un tiempo máximo de 24 meses, si bien el resto podrán realizar labores consultivas y recibir una indemnización de 750 euros por participar en las comisiones. Contempla que quienes hayan sido máximos dirigentes regionales durante un mínimo de dos años podrán disponer también, durante los dos posteriores a su cese, de medios personales y materiales de asistencia.

Esta decisión ha provocado las críticas del PSOE-M, que ha afeado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el nombramiento de los expresidentes regionales para que le "apoyen" en su defensa del ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid y pagados con dinero de todos los madrileños.