Dávila reclama al Gobierno que tramite 134 expedientes de reagrupación de menores

La consejera reclama que se inicie procedimientos para valorar reagrupación familiar de menores extranjeros.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reclamado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, que ponga en marcha los procedimientos correspondientes a los 134 expedientes de menores extranjeros no acompañados remitidos desde marzo de 2025 para valorar su reagrupación familiar.

Dávila reprocha a la Delegación del Gobierno su "falta de actuación" y señala que no consta la apertura de ninguno de esos procedimientos, pese a que todos fueron enviados con una petición razonada y tras una valoración individualizada por parte de los servicios técnicos de protección. La Comunidad entiende que el retorno de estos menores con sus familias responde a su interés superior.

La consejera advierte de que el paso del tiempo está teniendo consecuencias irreversibles: 53 de los 134 jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad, "frustrándose así la finalidad" de unos procedimientos orientados a valorar una posible reunificación familiar.

Un balance de incidencias y denuncias

Un informe elaborado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad revela que los menores incluidos en los expedientes acumulan 382 incidencias y 268 denuncias, "gran parte de ellas de alteración de la convivencia".

Al menos veinticinco de esos menores han sido denunciados por uno o varios delitos de robo, y más de cuarenta por hurto. Trece acumulan denuncias por amenazas; nueve, por lesiones; ocho, por resistencia; seis, por delitos sexuales; al menos cuatro, por quebrantamiento; tres, por daños, y al menos uno, por tenencia ilícita de armas.

"Los datos disponibles deberían hacerle reflexionar de una vez sobre la urgencia de actuar", escribe Dávila en su carta al delegado del Gobierno, subrayando que esas cifras exigen una respuesta inmediata.

Respuesta "educativa y protectora"

La consejera considera que los datos obligan a ofrecer una respuesta "urgente e individualizada" y a evitar que el tiempo transcurrido y la llegada a la mayoría de edad "consoliden situaciones de marginalidad, victimización o delincuencia". Dávila defiende que esa respuesta debe ser "educativa y protectora", pues la situación afecta directamente al proceso de integración de los menores.

A su juicio, cuando una intervención policial no encuentra continuidad en una respuesta posterior, se genera una "percepción de impunidad" que perjudica tanto a los implicados como al resto de jóvenes y puede provocar un efecto de contagio. En el caso de menores con problemas de salud mental, los técnicos subrayan la importancia de contar con un entorno familiar que favorezca "su evolución, tratamiento y recuperación".

Dávila precisa que no se trata de una "situación general" sino de "casos concretos" analizados de forma individual por los profesionales. La documentación alude a menores con "especiales dificultades de adaptación" y, en determinadas ocasiones, con "graves problemas de conducta, consumo de drogas o dinámicas delictivas".

Incumplimiento de requerimiento

La Comunidad de Madrid afirma que, a fecha del 4 de septiembre, no constaba la apertura de ningún procedimiento por parte de la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo autonómico dirigió el pasado 27 de mayo un requerimiento formal a la Delegación para que aclarase expresamente si tenía intención de incoar los expedientes remitidos. "Dicho escrito no ha recibido contestación", recoge el informe.

Según el documento autonómico, la única comunicación recibida de la Delegación fue una carta en la que indicaba haber solicitado informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen sin obtener respuesta. Dávila recuerda que la normativa atribuye a la Delegación del Gobierno la competencia para iniciar estos procedimientos, no solo a instancia de la entidad de protección.