

Isabel Díaz Ayuso cuestiona el valor del delegado tras no tramitar la concentración; Martín responde acusándola de mentir deliberadamente y de "calentar el ambiente".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional después de que la Delegación no tramitara la solicitud de la manifestación en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en la plaza de Cibeles. "No tiene narices de mandarlos a los antidisturbios", ha manifestado Ayuso en su perfil oficial en la red social 'X'.
El delegado del Gobierno ha respondido de inmediato tachando a la presidenta autonómica de "bulera" y asegurando que "no se ha prohibido ninguna concentración de apoyo a Ceuta". Martín la ha retado a hacer pública esa "supuesta prohibición" o si no, disculparse ante la ciudadanía. "No respetáis nada, y hasta con esto mentís descaradamente para tratar de calentar el ambiente", ha reprochado, acusando a Ayuso de saber "perfectamente" que no se ha impedido la celebración de la concentración.
El cruce de declaraciones surge tras la resolución de la Delegación del Gobierno en respuesta a la comunicación realizada el lunes por el Gabinete de Alcaldía de Madrid. Según el documento, y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho de reunión corresponde a las personas físicas y, de forma derivada, a determinadas personas jurídicas pero "solo muy limitadamente" a las administraciones públicas. La Delegación argumenta que el Ayuntamiento constituye la organización estable del municipio, no una asociación transitoria de personas destinada al intercambio de ideas, la defensa de intereses o la formulación de reivindicaciones.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha dejado la puerta abierta a que el Ayuntamiento, "dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad", organice "los actos institucionales que considere oportunos" en apoyo a Ceuta. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino, ambos gobernados por el Partido Popular, han interpretado que esta respuesta equivale a una prohibición de la manifestación, mientras que el Gobierno central sostiene que simplemente se ha aclarado que los titulares del derecho de reunión deben ser personas físicas, no administraciones públicas.