La Asamblea aprueba la primera normativa autonómica que digitaliza licencias e implanta planes de control de fauna.
La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Caza y Pesca, una norma que fija cotos mínimos, regula el control de fauna e introduce licencias digitales para el sector.
El texto legislativo recibió luz verde definitiva en el último Pleno ordinario del curso político. La regulación introduce medidas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y proteger el ecosistema regional. El diputado popular Juan Carlos Carretero ha defendido la ley como una garantía jurídica imprescindible para preservar la actividad cinegética tradicional en la región.
La nueva normativa establece un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para la gestión de los terrenos acotados. Esta regla afecta a todas las modalidades con la única excepción de la caza menor. Las autoridades permitirán autorizaciones específicas desde las 50 hectáreas si existe una justificación técnica debidamente avalada. Un coto de caza es un espacio del terreno delimitado que cuenta con una regulación específica para el aprovechamiento cinegético.
La Consejería de Medio Ambiente ha simplificado también la ordenación de las aguas para la actividad piscícola. La ley reduce las categorías a cotos de pesca, aguas en régimen especial y tramos privados, mejorando así la gestión administrativa del sector.
La administración regional implanta los Planes de Control Poblacional para atajar los daños agrarios derivados de la sobrepoblación. Esta herramienta permite a los ayuntamientos combatir la proliferación de especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo. Los cazadores podrán actuar fuera de los periodos ordinarios bajo una estricta supervisión administrativa, lo que facilita el control de fauna en momentos críticos.
La normativa amplía además la distancia de seguridad respecto a núcleos urbanos hasta los 150 metros. La reforma del sector actualiza el catálogo de infracciones con sanciones económicas más severas. Las multas por faltas muy graves alcanzarán importes máximos de 80.000 euros para los infractores, endureciendo así el cumplimiento normativo.
El portavoz adjunto de VOX, Íñigo Henríquez de Luna, ha valorado positivamente las enmiendas incorporadas a la ley. Su formación aprueba el reconocimiento de la actividad como un sector económico de interés general. Sin embargo, el representante ha criticado el exceso de burocracia que mantiene el Partido Popular en la regulación.
La oposición de izquierdas rechaza frontalmente los términos comerciales de la legislación. El diputado socialista José Luis García ha lamentado que la norma relegue la pesca fluvial a un segundo plano. El parlamentario de Más Madrid, Alejandro Sánchez, ha tachado la jornada de día triste para el medioambiente debido a la falta de criterios científicos en la aprobación.