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Greenpeace exige financiación estable para el Pacto de Estado climático
Greenpeace y Ecologistas en Acción reclaman al Gobierno financiación estable y planes municipales de autoprotección tras el incendio de Los Gallardos, que ya es el más mortífero del siglo en España.
Greenpeace ha pedido este lunes impulsar los planes municipales de autoprotección contra los incendios forestales, "que serán cada vez más comunes por el cambio climático", mientras que Ecologistas en Acción ha denunciado que hay ayuntamientos que todavía carecen de estos planes, "muchos" no los tienen actualizados y "la inmensa mayoría" son desconocidos por la sociedad. Ambas organizaciones se pronuncian tras el incendio de Los Gallardos en Almería, que ya ha dejado 13 fallecidos —el más mortífero del siglo en España— y diez desaparecidos.
Greenpeace ha demandado a las comunidades autónomas que hagan un seguimiento de los planes de prevención, emergencia y autoprotección frente a incendios forestales en las zonas de riesgo y que cartografíen estas áreas con información "homogénea, accesible y actualizada". Además, ha solicitado que doten de financiación, asistencia técnica y recursos humanos a los municipios, especialmente a los pequeños, para que puedan elaborar, actualizar e implantar los planes, y que desarrollen programas permanentes de información, formación, participación y simulacros dirigidos a la población.
A nivel estatal, la ONG ha demandado al Gobierno dotar de "financiación estable, respaldo científico y capacidad para transformar el territorio y hacerlo más resiliente" al Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales. De forma paralela, le ha pedido que promueva una estrategia integral de prevención de incendios centrada en las causas de ignición y que recupere campañas públicas de sensibilización y educación ambiental "ambiciosas en el contexto actual de cambio climático y abandono del medio rural".
La urgencia de invertir en gestión forestal
Greenpeace ha insistido en la "urgencia" de destinar "1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal" para prevenir el riesgo de propagación de incendios forestales. "En 2025, se estima que los costes de extinción rondarán entre 3.548 y 6.741 millones de euros", ha advertido. Mónica Parrilla de Diego, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, ha enfatizado que el 55% de España es territorio forestal y que el cambio climático "está incrementando las condiciones favorables para incendios más intensos y peligrosos".
"Necesitamos pasar de una cultura centrada casi exclusivamente en apagar el fuego a una verdadera cultura forestal y cultura del riesgo. Cumplir los planes es imprescindible, pero también lo es sacarlos de los despachos, dotarlos de recursos y trasladarlos a la sociedad mediante información, formación, participación y simulacros. Sin conocimiento no hay autoprotección, y sin recursos no puede exigirse responsabilidad", ha subrayado Parrilla.
Planes locales incumplidos en Andalucía
Ecologistas en Acción ha denunciado los desarrollos urbanísticos en zonas forestales que se construyeron "como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa" bajo amparo de ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Ha señalado que estas construcciones deberían contar con un Plan de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF), "que no existía en las zonas incendiadas".
Según la ONG, todos los municipios ubicados en zona de peligro de incendios forestales en Andalucía están obligados por ley a elaborar un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF). Sin embargo, hay ayuntamientos que todavía carecen de estos planes, "muchos" no los tienen actualizados y "la inmensa mayoría" son desconocidos por la sociedad. Ecologistas denuncia que "nunca" se realizan simulacros en los municipios forestales para que la población sepa qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas.
"Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas", ha lamentado. La organización ha criticado que el nuevo gobierno andaluz "asume el negacionismo climático" y ha tachado de "muy preocupante" que la nueva ley urbanística (LISTA) agravará la situación al permitir todo tipo de construcciones en suelo no urbanizable, "promoviendo las segundas residencias sin ligazón a la explotación de fincas rústicas".
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