La Comunidad reclama a OHL 356 millones por la obra inconclusa de Móstoles-Navalcarnero

La Comunidad de Madrid ha reclamado una indemnización de 356 millones de euros a la sociedad Cercanías Móstoles NavalcarneroS.A. (CMN), de la constructora OHL, como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato" que suscribió en enero de 2008 como concesionaria para la construcción de la línea de transporte ferroviario entre Móstoles Central y Navalcarnero.

En la Orden de Reclamación presentada a OHL, la Consejería de Transportes del Gobierno regional declara a la empresa concesionaria "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato", y le reclama un total de 355.943.841,57 euros en concepto de "indemnización por los daños y perjuicios acreditados y cuantificados a fecha actual".

El texto de la reclamación recuerda que el 14 de enero de 2010 OHL anunció la paralización de las obras, situación que -dice- "se ha mantenido hasta la actualidad a pesar de los numerosos requerimientos de la Administración para que reanudase las obras".

El Gobierno regional recuerda que en marzo pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó la pretensión de CMN de resolver el contrato "por causas imputables a la Administración", que OHL había presentado en junio de 2015.

Y recuerda también que en agosto pasado CMN consideró "improcedente" la propuesta del 25 de julio pasado de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de reclamarle "daños y perjuicios" derivados de la resolución del contrato "por incumplimiento culpable".

En el detalle de los daños y perjuicios económicos, la Consejería de Transportes cita "los costes para la Administración asociados por tener una obra inconclusa" y "la pérdida de beneficios por la no ejecución final de la obra".

Entre ellos, los gastos de la preparación de la concesión, la pérdida de productividad del suelo, los servicios, caminos y viales modificados por la ejecución de las obras, las emisiones y otros impactos ambientales durante las obras, la "parte de penalidad no satisfecha y fianza no repuesta" (35,5 millones), o las pérdidas por lucro cesante (298,9 millones).

Tras citar las demandas y recursos sucesivos, la Consejería de Transportes contesta las alegaciones de la concesionaria, ordena declarar la responsabilidad de la empresa como responsable de los daños y perjuicios y reclamar la indemnización por 355,9 millones de euros.