El Grupo Popular abordará este viernes en un Pleno extraordinario la polémica suscitada tras aprobar, junto a VOX, una proposición para informar sobre el llamado síndrome post-aborto en centros municipales.
Una medida que ha generado confusión incluso dentro del propio equipo de Gobierno, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó públicamente que dicha categoría "no es científica" y que el voto favorable del PP pudo dar a entender, erróneamente, una asimilación del argumentario de Vox.
La iniciativa, planteada por Vox en el Pleno del 30 de septiembre, proponía alertar a las mujeres sobre supuestas secuelas psicológicas y físicas tras un aborto, tales como depresión, bulimia, disfunciones sexuales o autolesiones. El Partido Popular apoyó la moción sin introducir una enmienda transaccional que pretendía matizar su aplicación, comprometiéndose a que cualquier información fuera revisada antes por los servicios jurídicos municipales y elaborada por profesionales.
No obstante, tras el revuelo generado, Almeida aseguró que su Ejecutivo no comparte parte del contenido defendido por Vox, particularmente las afirmaciones de la concejala Carla Toscano, y precisó que, en todo caso, la información que eventualmente se ofrezca será sobre las consecuencias médicas de una intervención quirúrgica, sin referencias pseudocientíficas.
La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, confirmó esta semana que no se ha emitido ninguna instrucción a los trabajadores municipales sobre la aplicación de la propuesta, dejando claro que no se ha producido ningún cambio operativo. Además, recordó que las proposiciones del Pleno no tienen carácter normativo y, por tanto, no obligan al Ejecutivo a ejecutarlas automáticamente.
Desde el área de Gobierno insisten en que cualquier actuación futura se hará "dentro del marco legal", conforme a los procedimientos y garantías existentes. El equipo de Almeida insiste en que serán los profesionales municipales quienes definan el contenido informativo, no Vox.
Vox ha acusado al alcalde de incumplir los acuerdos aprobados en Pleno y de actuar de forma "dictatorial", exigiendo la puesta en marcha inmediata de la iniciativa. Desde Más Madrid y PSOE denuncian el respaldo a lo que califican de "síndrome inventado", sin base científica alguna, y exigen la revocación del acuerdo por entender que infringe varios artículos de la legislación sobre salud sexual y reproductiva.