Consumo entrega al Ayuntamiento de Madrid la ubicación de 3.565 pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este lunes al Ayuntamiento de Madrid un nuevo archivo digital con las direcciones postales de 3.565 alojamientos turísticos ilegales detectados en la capital. La información ha sido elaborada por la Unidad de Análisis de Consumo y supone un avance respecto al envío anterior de marzo, en el que se notificaron 1.218 casos.

Según los datos recopilados por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, actualmente hay en la ciudad de Madrid más de 15.000 viviendas de uso turístico sin la preceptiva licencia municipal. En concreto, se han identificado 15.204 alojamientos que estarían infringiendo la normativa urbanística vigente, una cifra que contrasta con las 1.131 licencias concedidas oficialmente por el Consistorio madrileño.

Cada una de las 3.565 direcciones aportadas ahora va acompañada del anuncio correspondiente en plataformas digitales de alquiler turístico, lo que acredita que las viviendas se encuentran en activo. Desde el Ministerio se ha subrayado que esta información tiene como finalidad facilitar la actuación del Ayuntamiento, que tiene competencia para su inspección, clausura y, en su caso, sanción administrativa.

La carta que acompaña al archivo, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, apela directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, instándole a actuar "con voluntad política" ante un problema persistente que, según reitera el Gobierno central, pone en riesgo el acceso a la vivienda de los ciudadanos. El escrito cita como ejemplo la actuación del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau, que logró cerrar 7.000 alojamientos ilegales y devolver 3.000 al mercado residencial.

Esta entrega de información forma parte de una batería de medidas adoptadas por Consumo en la lucha contra la proliferación de pisos turísticos irregulares. Entre ellas se incluye la retirada por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales, el bloqueo a 65.000 anuncios en Airbnb avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y varios expedientes sancionadores a plataformas, gestoras e inmobiliarias por prácticas engañosas o abusivas.