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La capital exige a Vox el expediente de Ortega Smith, Toscano y Ansaldo para decidir su futuro en Cibeles
La Secretaría General del Pleno da cinco días a Ignacio Garriga para remitir toda la documentación sobre las expulsiones de los tres concejales afines a Javier Ortega Smith, mientras el futuro del grupo municipal queda pendiente del análisis jurídico y de la batalla judicial anunciada por los afectados.
La Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha requerido a Ignacio Garriga, secretario general de VOX, que entregue en cinco días toda la documentación que justifique la expulsión de Javier Ortega Smith y de los concejales Ignacio Ansaldo y Carla Toscano. El objetivo es determinar en qué situación quedan los tres ediles en el Consistorio en un momento de máxima tensión interna en la formación, con los afectados ya decididos a acudir a los tribunales contra una decisión que consideran ilegal.
El requerimiento llega después de que Garriga comunicara formalmente al Pleno la expulsión de los tres concejales. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ya avanzó que la Presidencia del Pleno, en manos de Borja Fanjul, estaba valorando todas las opciones sobre el futuro del grupo municipal de Vox en Cibeles.
Ahora el Ayuntamiento reclama al partido toda la trazabilidad del procedimiento interno seguido contra los tres concejales: las alegaciones presentadas por los expedientados, la resolución del Comité de Garantías que las desestima, el recurso de reposición y su rechazo, los recursos de alzada ante el Comité Ejecutivo Nacional y la desestimación final. Con ese material, la Secretaría General del Pleno deberá pronunciarse sobre el alcance real de las expulsiones en la estructura municipal.
La cuestión es crucial. Del análisis jurídico depende el futuro inmediato de la portavocía de Vox en el Ayuntamiento. La dirección nacional ha intentado relevar a Ortega Smith y situar al frente del grupo a Arantxa Cabello, pero la judicialización del conflicto amenaza con retrasar cualquier modificación efectiva y prolongar de facto la actual situación en el Palacio de Cibeles.
Ortega Smith ya ha anunciado que llevará ante la Justicia su expulsión, a la que califica de "arbitraria", "ilegal" y contraria a sus derechos fundamentales. El todavía diputado en el Congreso y portavoz municipal sostiene que la ratificación de su salida por parte del Comité Ejecutivo Nacional no cierra el conflicto, sino que abre una batalla judicial contra la dirección de Vox. En paralelo, también ha acudido a la Agencia Española de Protección de Datos por la filtración a la prensa de su expediente disciplinario.
Los otros dos concejales expulsados mantienen una posición similar. Tanto Ansaldo como Toscano han manifestado su intención de impugnar las expulsiones ante los tribunales, argumentando que el procedimiento interno de Vox no ha respetado las garantías mínimas ni los estatutos del partido. La batalla legal promete ser larga y compleja, con implicaciones directas en la composición y el funcionamiento del grupo municipal en el Ayuntamiento.
