Luz verde a la revisión del Plan General que beneficiará a 9.076 familias

El Partido Popular ha aprobado este viernes en solitario, con el voto en contra de toda la oposición (PSOE, IU y UPyD), el avance de la revisión parcial del Plan General de Madrid de 1985 y la modificación del Plan General de 1997, que tiene como objetivo subsanar los efectos de la sentencia que anuló por un defecto de forma parte del desarrollo de una veintena de nuevos barrios impulsada en base a este último Plan.

A pesar de que en la problemática se ven afectadas 9.076 familias necesitadas de una solución urgente, la oposición en bloque se ha negado a apoyar la revisión urbanística del Gobierno municipal de Ana Botella. "No vamos a acompañar al PP en esta alocada carrera hacia el desastre", ha afirmado el concejal socialista Marcos Sanz durante el Pleno extraordinario celebrado este viernes en el Palacio de Cibeles.

La apuesta del portavoz de Izquierda Unida (IU), Ángel Pérez, ha sido recuperar como suelo no urbanizable 22 millones de metros cuadrados, resultado de restar a los 33 millones que la sentencia dictamina como no "urbanizables de especial protección" los once millones que ya han sido colmatados y "serían irrecuperables".

El edil de UPyD, Mariano Palacios, ha vaticinado que los cambios impulsados por el Gobierno municipal del PP no serán la solución y se ha mostrado convencido de que los tribunales volverán a actuar contra esta fórmula urbanística.

La delegada de Urbanismo, Paz González, ha defendido tanto la solución adoptada por el Gobierno municipal, como el calendario fijado para culminar su tramitación en el mes de agosto.

Paz González ha subrayado que la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de septiembre pasado no anuló en su totalidad, sino en parte, los nuevos desarrollos y que lo hizo por un "defecto de forma" sin entrar en el fondo.

Ese defecto de forma, ha indicado la delegada, consistió en que no se había justificado suficientemente en el Plan General de 1997 -elaborado por el PP- la pérdida de valor ambiental de la protección del suelo que estableció el de 1985 -redactado por el PSOE- para pasar de especialmente protegido a urbanizable.

En el Partido Popular existe el convencimiento de que por la vía aprobada se dará una solución a las 9.076 familias que participan en las 96 cooperativas que tienen suelo en Valdebebas, Berrocales, Ahijones o Arroyofresno, en lo que González defiende como una "rigurosa" tramitación administrativa que "garantizará la seguridad jurídica" de los ámbitos afectados y que tiene una "enorme trascendencia social y económica para la ciudad".

Ana Botella ha aprovechado la apertura de su nuevo blog para, en un segundo post, defender su apuesta de solución a la problemática urbanística: "Hoy, la noticia es que podemos devolver la confianza y la tranquilidad a quienes veían amenazado el futuro de sus nuevas viviendas".

Una solución en agosto

Una vez aprobado este viernes el documento de avance, que contiene los criterios, objetivos y propuestas previas de ordenación, la Junta de Gobierno aprobará el próximo jueves, día 18, los documentos de la Revisión Parcial del PGOUM de 1985 y la Modificación del PGOUM de 1997.

Estos formalizan la documentación necesaria, detallan la incorporación de las sugerencias presentadas durante el periodo de información pública y atienden el contenido de los informes preceptivos.

El día 25 se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se iniciará un nuevo periodo de información pública, hasta el 17 de junio, en el que podrán presentar alegaciones e informes sectorial los organismos autonómicos y estatales con competencias en este ámbito.

De acuerdo al calendario, el documento de la revisión volverá a la comisión de Urbanismo y Vivienda el 16 de julio y al Pleno dos días después.

Esa será su aprobación provisional porque la definitiva está prevista para el 25 de julio en la Comisión regional de Urbanismo y para el 31 de ese mes en Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El 2 de agosto habrá finalizado la revisión del Plan General con la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad.