El Ayuntamiento defiende el vallado de la parcela en Montecarmelo y niega que se hayan iniciado las obras del cantón

La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha asegurado este martes que los trabajos que se están realizando en la parcela de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, se limitan al vallado de un terreno perteneciente al patrimonio municipal. La aclaración se produce tras las denuncias de vecinos que han advertido sobre un posible reinicio del proyecto para instalar un cantón de limpieza junto al Colegio Alemán.

Sanz ha realizado estas declaraciones desde el Colegio Público de Educación Especial Vallecas, donde ha insistido en que los únicos trabajos en marcha son “el vallado de una parcela que pertenece al patrimonio municipal, como en otras parcelas”. Ha recalcado que “no hay ninguna novedad respecto al posible inicio de esas obras del cantón”, desmintiendo así que se haya dado paso a nuevas fases del controvertido proyecto.

El conflicto con el cantón de limpieza de Montecarmelo lleva meses enfrentando a vecinos y administración. Desde la Asociación Vecinal Montecarmelo se recuerda que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid anuló la ubicación del cantón por carecer de la preceptiva evaluación ambiental. Por ello, han reiterado su petición de paralizar cualquier actuación en la parcela, advirtiendo que la mera instalación de vallas puede ser interpretada como un avance en las obras.

En abril, tras conocerse la sentencia, Sanz afirmó que esta no cuestionaba la idoneidad de la parcela, sino que exigía un informe ambiental previo. No obstante, desde el Consistorio consideran que dicho informe no sería necesario, lo que ha generado mayor malestar entre los residentes de la zona.

El mismo mes, varios vecinos acudieron a la Fiscalía de Medio Ambiente para denunciar una posible vulneración de la Ley del Arbolado debido a la retirada de árboles en los terrenos donde se prevé la construcción del cantón. Alegaban que la actuación municipal podría incurrir en un delito de prevaricación, al actuar sin la autorización ambiental necesaria.

Sin embargo, la Fiscalía archivó en mayo las diligencias abiertas al considerar que las actuaciones del Ayuntamiento se ajustaron escrupulosamente a la Ley de Protección del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. Pese a ello, desde la Plataforma de Afectados han subrayado que esta resolución no afecta al procedimiento abierto en los Juzgados de Plaza Castilla, donde se han denunciado posibles delitos de carácter medioambiental, prevaricación y malversación, y que continúa a la espera de una resolución judicial.

En julio, esta misma plataforma anunció la ampliación de la denuncia tras presentar un informe técnico que detalla las deficiencias detectadas en la tala de árboles llevada a cabo en abril. Según este documento, de los 207 ejemplares afectados por tala o trasplante, el 84% han muerto, lo que a su juicio constituye un "arboricidio" y refuerza sus argumentos contra el desarrollo del cantón.