Carabanchel albergará 508 viviendas públicas sobre 27.000 m² de los terrenos de la antigua cárcel

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso de parte de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, con el fin de construir unas 508 viviendas en una superficie de 27.000 metros cuadrados. La medida forma parte de una estrategia del Gobierno para reconvertir antiguos suelos penitenciarios y militares en viviendas protegidas y asequibles.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha detallado que estos terrenos suponen solo una parte del extenso complejo de la prisión, que alcanzaba los 172.000 metros cuadrados. El Ejecutivo cuenta además con otros 2.400 metros adicionales de suelo en la zona en manos de la Sareb, la sociedad estatal que gestiona activos inmobiliarios.

La antigua cárcel de Carabanchel no es el único enclave afectado por este plan. Según ha confirmado la ministra, el Gobierno ha aprobado el traspaso a Sepes de suelos e instalaciones del Ministerio del Interior vinculadas a antiguos recintos penitenciarios en otras siete ciudades: Huesca, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos. En total, se prevé levantar en estos emplazamientos unas 1.332 viviendas protegidas.

“El Gobierno está transformando lo que fueron celdas en lugares que serán hogares”, ha afirmado Isabel Rodríguez, subrayando el cambio de enfoque que supone la política actual de vivienda del Ejecutivo central. Ha insistido en que el objetivo es ampliar cuanto antes el parque público residencial para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho básico.

La ministra ha cifrado en 78 millones de euros el valor de los terrenos transferidos, aunque ha precisado que no implicarán desembolso directo para el Ministerio, ya que se habilitará una pasarela financiera similar a la empleada para la cesión de activos inmobiliarios de la Sareb. Rodríguez ha insistido en que el Gobierno está empleando “todos los medios disponibles” para reforzar la política pública de vivienda a través de una nueva empresa estatal que integrará Sepes.

El anuncio tiene un fuerte componente simbólico, al tratarse del terreno que ocupó la cárcel de Carabanchel, uno de los principales centros penitenciarios del franquismo y cuyo derribo fue motivo de debate durante años. Con este proyecto, el Ejecutivo pretende reconvertir parte de ese espacio en un área residencial con viviendas públicas, en una zona con elevada demanda y escasez de oferta asequible.

El Gobierno ya ha incluido en esta estrategia suelos procedentes de antiguos cuarteles militares, con 17 instalaciones incorporadas al plan, y las cerca de 40.000 viviendas y 2.400 suelos transferidos por la Sareb, cuya gestión también será asumida por la nueva entidad pública en proceso de constitución.

“Estamos avanzando rápido en la transformación de Sepes en la nueva empresa pública de vivienda para asegurar un techo a todos, independientemente de su situación personal o económica”, ha concluido Rodríguez.