La Comunidad de Madrid prolonga ayudas para movilidad sostenible, economía circular y energías renovables en 2025

La Comunidad de Madrid prolonga ayudas para movilidad sostenible, economía circular y energías renovables en 2025

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La Comunidad de Madrid continuará incentivando la renovación del parque automovilístico con ayudas para el achatarramiento de vehículos sin distintivo ambiental y promoverá la movilidad en coches sin emisiones durante 2025.

Esta medida se enmarca en los nuevos presupuestos regionales aprobados esta semana, con el fin de reforzar la sostenibilidad en el transporte. Desde el inicio del programa en 2020, las ayudas han tenido una acogida positiva y han sido actualizadas en 2024 con nuevas normas que reflejan los avances tecnológicos y la experiencia de su implementación en los últimos años.

Ampliación de ayudas para municipios y eficiencia energética en la industria

Además, se seguirá tramitando la línea de ayudas para proyectos que mejoren la calidad del aire en municipios y entidades locales, enfocados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en adaptar las zonas urbanas y periurbanas al cambio climático. La administración regional también continuará gestionando ayudas para eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas, así como en grandes compañías del sector industrial. Estas ayudas se financian íntegramente con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que aportó los recursos en 2019.

Otra iniciativa clave que se mantendrá activa es la línea de subvenciones para instalaciones de energías renovables térmicas en distintos sectores económicos, respaldada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, responsable de estas políticas, impulsa el desarrollo de una Estrategia de Economía Circular para la gestión sostenible de residuos en la región entre 2025 y 2032. Esta estrategia busca integrar el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales.

Plan de gestión de residuos y economía circular

Dentro de los objetivos ambientales, la Dirección General de Residuos seguirá desarrollando proyectos para la gestión de residuos domésticos, peligrosos y de construcción, junto con la recuperación de suelos contaminados. Esto incluye dotación de recursos para gestionar las instalaciones de la Comunidad y cumplir con la normativa de traslado de residuos, en línea con el Real Decreto 553/2020. Además, la administración adaptará las autorizaciones de gestión de residuos a la plataforma e-SIR, centralizando la transmisión de datos al Ministerio para la Transición Ecológica (MITERD).

Asimismo, se implementarán requisitos establecidos en la Ley 7/2022 sobre economía circular para prevenir la generación de residuos y evaluar las medidas adoptadas. En cuanto a los residuos de construcción y demolición (RCDs), el Ejecutivo gestionará los centros de tratamiento propiedad de la Comunidad, garantizando la cobertura en áreas donde la iniciativa privada es insuficiente. También continuará con la gestión administrativa de solicitudes de particulares sobre estos residuos.

En respuesta al Dictamen Motivado de la Comisión Europea respecto a la gestión de vertederos de residuos inertes, la Comunidad seguirá retirando y gestionando los residuos ilegales depositados en zonas afectadas.

Mantenimiento de instalaciones solares y evaluación de humedales

La Comunidad de Madrid mantendrá en operación y revisará las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en las plantas de tratamiento de residuos, asegurando un uso eficiente de la energía renovable en infraestructuras regionales. También se profundizará en el análisis de los embalses y humedales catalogados en el territorio, aplicando métodos de seguimiento y evaluación de su estado ecológico para cumplir con los objetivos de calidad ambiental estipulados en el Plan de Actuación sobre humedales.

Finalmente, en lo referente a los vertidos líquidos industriales, los presupuestos incluyen partidas para controlar estos residuos y garantizar el cumplimiento de la Ley 10/93, promoviendo una gestión de aguas acorde con los estándares ambientales.

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